El titular del Órgano de Fiscalización Superior, Arturo Lucio Salas Miguela reconoció que es baja la acción de la justicia en contra de las autoridades que incurrieron en abusos, excesos, malversación de fondos y en peculado, en el manejo de recursos públicos, porque de 140 denuncias penales promovidas, entre 10 y 15 por ciento han procedido.
Por ello, consideró necesario reformar la legislación a fin de evitar que por omisiones en la norma no se sancione la malversación de fondos y el daño patrimonial que año con año padece el estado de Tlaxcala
En entrevista tras la entrega del Informe General de la Cuenta Pública 2024, el auditor enfatizó que si bien existen casos donde exfuncionarios han sido sancionados e incluso detenidos, los procedimientos suelen ser lentos, opacos y poco eficaces.
Puedes consultar: A 391.8 millones asciende el daño patrimonial en Tlaxcala durante 2024
“Los expedientes se integran, se denuncian ante las instancias competentes, pero una vez que se entregan, el OFS ya no tiene injerencia en el seguimiento. Sabemos que se sancionan cuando nos notifican, pero en muchos casos no se nos informa el estatus”, admitió.
El problema, detalló, no radica únicamente en la integración de expedientes o en deficiencias técnicas de las auditorías, sino también en un marco legal laxo, que permite ambigüedades y omisiones que terminan beneficiando a los responsables del desvío o uso indebido de recursos públicos.
“El llamado es claro: necesitamos reformas a fondo en materia de responsabilidad administrativa. La ley debe ser más clara, más estricta y más ágil, para que las sanciones no tarden años y para que la justicia sea una realidad, no una simulación”, expresó Lucio Salas.
Leer también: ASE revela presunto daño patrimonial de casi 15 millones de pesos en Ajalpan durante la administración de Sergio Sandoval
En otro frente, el auditor reveló que al menos 30 de los 60 municipios del estado cuentan con funcionarios claves, tesoreros, directores de obra o contralores, que incumplen con el perfil mínimo requerido para ocupar esos cargos, a pesar de que el OFS emite oficios de factibilidad para su contratación.
“Hay presidentes municipales que han sido notificados de que sus funcionarios no son aptos y, aun así, los mantienen en el cargo. En al menos 20 casos relacionados con obra pública, esos perfiles fueron observados y documentados en el informe de resultados”, dijo. Esa contratación indebida no basta por sí sola para que se niegue la cuenta pública, pero sí resta puntos en su calificación, precisó.
Además, el 50 por ciento de los síndicos municipales se negaron a firmar la cuenta pública, lo que, según el auditor, activa protocolos de revisión especial por parte del OFS. “Cuando hay señalamientos de síndicos o regidores sobre posibles irregularidades, se revisa con más profundidad. Pero también ellos deben justificar ante el Congreso y el órgano de fiscalización por qué no firmaron”, explicó.
