El diputado del Partido Acción Nacional (PAN) Rafael Micalco Méndez presentará al Congreso de Puebla una reforma que busca volver a penalizar la difamación y calumnia, con sanciones que podrían alcanzar los cuatro años de prisión y una multa de 19 mil 200 pesos.
En Puebla se eliminó la difamación y calumnia del Código Penal en 2011 para suprimir la sanción de cárcel y perseguirlos por la vía civil bajo la figura de daño moral, con una sanción económica por concepto de indemnización que puede llegar a los 288 mil 660 pesos.
En rueda de prensa, Micalco argumentó que es necesaria la medida a fin de que “nadie pueda inventar hechos que constituyan algún delito para iniciar un procedimiento judicial contra una persona o para desacreditarla”.
Además, aseguró que algunas veces las acusaciones sin sustento “vienen desde el poder”, razón por la cual es necesario proteger a las personas de esos abusos.
Precisó que la iniciativa propondrá una pena corporal que puede ir de seis meses a cuatro años de prisión y multa de 100 a 200 Unidades de Medida de Actualización (UMA), es decir, de 9 mil 600 pesos y 19 mil 200 pesos.
Actualmente, el Código Civil determina que el daño moral amerita el pago de una indemnización que fijará el juez, la cual no puede superar las 3 mil UMA, lo que equivale a 288 mil 660 pesos.
La despenalización la impulsó el PAN hace 11 años
La despenalización de la difamación y calumnia la impulsó el PAN hace 11 años, para cumplir una oferta de campaña que se soportó en la detención arbitraria de la periodista Lydia Cacho Ribeiro en diciembre de 2005, en el inicio de la administración del exgobernador del PRI Mario Marín Torres.
El 31 de julio de 2018, el Comité de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluyó que la aprehensión de Cacho por parte de integrantes de la extinta Procuraduría General de Justicia (PGJ) no fue una medida necesaria ni proporcional, sino una medida de carácter punitivo.
Mario Marín se encuentra en prisión desde febrero de 2021, donde hace frente a un proceso penal en el que se le acusa de ordenar la detención de la periodista y su tortura.