Tras confirmar que no impugnará la determinación del Congreso local no ratificarla en el cargo, la magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del estado de Tlaxcala, María Isabel Pérez González aseguró que a su paso por ese órgano jurisdiccional siempre se desempeñó con apego a la legalidad y en la búsqueda de la excelencia.
Muestra de ello, refirió, es que durante los casi seis años de su mandato, sólo nueve de las 508 resoluciones que emitió le fueron revocadas por otra autoridad, lo que “evidencia la alta efectividad de nuestro desempeño, siempre velando por los principios rectores de nuestra función jurisdiccional”.
La magistrada, quien el próximo 31 de agosto concluye su mandato de seis años como integrante del pleno del TJA, enfatizó que su determinación de no impugnar la determinación de los integrantes de la LXIV Legislatura local, “fue en aras de fortalecer a la institución y evitar un conflicto jurisdiccional. Sin embargo, llegado el momento demostraré que mi actuar como magistrada se apegó a la legalidad, eficiencia, rendición de cuentas y honestidad”.
Como muestra de lo anterior, detalló que, en su calidad de magistrada de la primera ponencia del TJA, del periodo comprendido del 17 de septiembre de 2018 a mayo de 2024, emitió un total de 508 resoluciones definitivas, de las cuales 127 fueron recurridas ante diversas instancias, pero sólo en nueve casos, fueron revocadas sus determinaciones.
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— La Jornada Tlaxcala (@JOrienteTlax) June 27, 2024
Además su efectividad se eleva en el rubro de acuerdos, ya que de las 7 mil 867 resoluciones de este tipo, emitidos en el periodo referido, logró mantener un bajo porcentaje en el índice de impugnaciones con 36 amparos, de los cuales únicamente fueron concedidos seis, cifra que representa una efectividad del 99.7 por ciento.
En su informe, también destaca que durante los periodos del 17 de septiembre de 2018 al 17 de septiembre de 2020, y del catorce de octubre de 2021 al 17 de septiembre de 2022, fungió como presidenta del TJA, en los cuales “mi gestión se efectuó un manejo responsable de los recursos financieros y materiales”.
Muestra de ello, puntualizó ni el Órgano de Fiscalización Superior, en el proceso de revisión de los estados financieros, ni los integrantes del Poder Legislativo, al momento de la dictaminación de las cuentas públicas, realizó imputaciones u observaciones por presuntas irregularidades relacionadas con el indebido ejercicio de los recursos, pues “se alcanzó el 100 por ciento de los puntos requeridos en la evaluación del uso, destino y comprobación del gasto”.
Por ello, aunque lamentó que todos estos resultados “objetivos y cuantificables” no fueran tomados en cuenta en el proceso de evaluación de su función, reiteró que no promovió ningún amparo en contra de la determinación mayoritaria de los diputados locales.
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