Desprivatización inmediata del agua potable, interrupción legal del embarazo, combate a la discriminación de la comunidad LGBTTTIQ, así como revocación de mandato, exigieron colectivos y activistas afines a la Cuarta Transformación como parte de la agenda progresista que debe priorizar el próximo gobernador del estado.
En conferencia de medios, activistas como Carlos Figueroa, Ana Lluvia García Vilchis y María Eugenia Ochoa, Jorge Méndez Spínola, Miguel Méndez Márquez y Abelardo Cuéllar, entre otros, presentaron su propuesta de Agenda Progresista.
Entre las exigencias en materia de medio ambiente destacan la desprivatización inmediata del servicio de agua potable en la capital y la zona conurbada ante el incremento de quejas y conflictos por la mala gestión realizada por la empresa Concesiones Integrales.
Asimismo, exigieron que se proponga una nueva Ley Estatal de Agua en la que se deje de ver al líquido como mercancía.
En materia de derechos humanos y justicia social exigieron la propuesta para un aborto legal y seguro en el estado de Puebla, puesto que es necesaria la incorporación de los derechos plenos de las mujeres.
También exigieron respeto absoluto a la libertad de expresión y protección para defensores de derechos humanos y periodistas.
En materia de gobierno y democracia afirmaron que es necesaria la separación plena del poder político del económico, una de las máximas que ha planteado el presidente Andrés Manuel López Obrador, y la incorporación de la revocación de mandato.
Respecto a dicho concepto también plantearon la no reelección; revocación del mandato y consulta popular, haciendo énfasis en promulgar una ley de participación ciudadana, así como respecto irrestricto a la división de poderes y combate a la corrupción electoral.
Agregaron que es necesario establecer la austeridad en el gasto público, combate a la corrupción en el gobierno; compromiso con las reformas constitucionales de carácter electoral, político, judicial, energético y tributario.
También exigieron la eliminación de las prácticas represivas o autoritarias; esclarecimiento y castigo a los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos en Coyomeapan; impedir y derogar medidas recaudatorias que no generen ningún beneficio tangible a la población y que atenten contra la economía popular.
Además propiciar en los municipios de mayoría originaria el tránsito de la forma constitucional a la de usos y costumbres si así lo desean los pobladores.
En materia de derechos humanos los activistas también exigen combate a cualquier forma de discriminación contra grupos vulnerables o minoritarios de la población; garantizar derechos humanos a los migrantes; mejoramiento de la seguridad pública; atención a las juventudes y derecho al trabajo digno.
En materia de salud y educación proponen elevar a rango constitucional el derecho a la salud en el estado; concebir a la educación como un derecho humano y no como un servicio; y creación e implementación de un programa emergente para combatir el rezago educativo.
Respecto al punto de desarrollo económico y regional pidieron una política de desarrollo regional para disminuir desigualdades regionales; precios de garantía para productos agrícolas especialmente café, maíz y frijol; creación del Instituto Poblano para el Desarrollo Regional y Municipal; política transversal de combate a la pobreza y desigualdad; actualizar y vigilar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas para la protección de la naturaleza y la biodiversidad.
Asimismo, vigilar el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo y pugnar por su mejora en favor de los trabajadores; investigación científica y tecnológica para la mejora de los procesos productivos, administrativos, organizativos y de gestión e integración de cadenas de valor locales y cortas, así como promoción real y efectiva de la economía social y solidaria, así como el cooperativismo en Puebla y la región.
En materia de medio ambiente y sustentabilidad también proponen establecer un plan de gestión integral del agua que fortalezca la soberanía y seguridad hídrica; recuperar las cuencas y los acuíferos a partir de acciones de recarga y regeneración; no al fracking ni la minería a cielo abierto; fortalecer la creación de Ordenamientos Ecológicos Territoriales Participativos Municipales; reducción, reciclaje y disposición final de residuos sólidos con rectoría del Estado; promover el Modelo Agroecológico de Soberanía Alimentaria y prohibir el uso de transgénicos.
En el tema de cultura e identidad exigen respeto a la diversidad e identidad culturales y al interculturalismo, fomento y conservación de las tradiciones y la participación social de las culturas originarias; estímulo a la creación artística desde la educación básica, así como a los creadores y promotores artísticos y culturales; protección al patrimonio cultural tangible e intangible, así como el fortalecimiento del Instituto Estatal de los Pueblos Indígenas y una política robusta de cuidado y desarrollo de los idiomas originarios.
Entre los más de 180 firmantes del documento también se encuentran Alberto Cordero Dávila; Francisco Vélez Pliego; Flor Coca Santillán; Giuseppe Lo Brutto; Julio Glockner; Ricardo Moreno Botello; Elisa Molina Rivera; Rosa Márquez Cabrera y Marisol Cruz García, entre otros.
