El gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, advirtió que no hay una causa penal en contra del magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Benito Cruz Bermúdez y señaló que si es cierto que el morenovallista se amparó ante el temor de ser detenido, fue timado por el abogado que le promovió el juicio de garantías.
En la rueda de medios que ofreció esta mañana, al mandatario estatal le preguntaron su opinión sobre la versión de que el togado, quien ocupó puestos de envergadura en el morenovallismo, se había amparado:
“Miren , el fuero constitucional previsto en la Carta Magna y de nuestro estado ya no existe, ya despareció, ya no goza de él ningún servidor público local, entonces, cualquier servidor público local, llámese magistrado, diputado, gobernador” que cometa un delito o una infracción “debe procesarse, ya objetan la inmunidad procesal penal. Entonces, yo nada más quiero decir que en este gobierno no habrá violación a derechos humanos y cuando alguien que se siente temor por su libertad, por suponer que se le ha investigado y que hay una infracción ahí de la cual se puede abusar y promueve un amparo antes de que la autoridad judicial (actúa) se equivoca totalmente”.
Y abundó: “Me extraña ¡cómo engañan a un magistrado!, si es que es cierto, el amparo del magistrado Cruz Bermudez!” y aseguró que el abogado del morenovallista lo engaña, como lo hace el defensor legal del rector de la UAP, Alfonso Esparza, quienes promueven juicios de garantías “los viernes y les dicen a sus clientes que está segura la cartera del abogado”.
Aseguró que en Puebla “nadie debe temer ser detenido sin que se haya observado un procedimiento con todas las reglas del debido proceso”.
El 11 de septiembre de 2018, el Movimiento Nacional Constitucionalista interpuso un amparo contra la designación de Jorge Benito Cruz Bermúdez, ex secretario de Educación Pública de Puebla, como magistrado del Tribunal Superior de Justicia.
Frente al edificio del Poder Judicial de la Federación(PJF), Raymundo Reyes Escobar, presidente de la agrupación e integrante del Colegio Nacional de Abogados Constitucionalistas, dijo en esa ocasión que alrededor de 200 especialistas en Derecho estaban en contra de la imposición del entonces perredista.
“No podemos nosotros seguir soportando la imposición política, en este caso del gobernador, sabemos que es una aberración jurídica lo que están haciendo. Al no cumplir los requisitos también nos lleva a recordar que esto es algo que aplicó el anterior gobernador para ir imponiendo a su gente y darles lo que es puestos a todo mundo”.
Abundó que el amparo interpuesto es contra el Poder Judicial y su actual ley orgánica, ya que sostuvo está hecha a modo.
Particularmente de Antonio Gal -entonces gobernador- dijo que fue por ignorancia que propuso como magistrado a Benito Cruz.
“No lo están asesorando bien, es inconstitucional lo que hicieron y tenemos que demostrar acá, en los juzgados (federales), vamos a demostrar realmente la ilegalidad y anticonstitucionalidad del gobernador al nombrar a personas que no reúnen los requisitos”.
El viernes 31 de agosto de 2018, con 29 votos a favor, siete en contra y una abstención, el Congreso del estado aprobó el arribo de Jorge Benito Cruz al Tribunal Superior de Justicia.
La entonces diputada del PRD, Socorro Quezada Tiempo acusó que la designación fue un ‘pago de favores” de José Antonio Gali, por el trabajo que hizo a favor de la hoy fallecida Martha Erika Alonso para llegar a la gubernatura.