Ciudad de México. Los impartidores de justicia que declinaron participar en la elección de junio de 2025 deben laborar hasta agosto del año próximo, pues su renuncia al proceso de voto popular es para garantizar que al finalizar ellos obtengan su indemnización.
Aunque en ese contexto, jueces y magistrados con más de 25 años de antigüedad y que rechazaron presentarse en las urnas, como establece la reforma judicial, afirmaron que sus renuncias reflejan “la valentía” de continuar defendiendo la independencia judicial y demuestran que no se someterán a ningún poder político en turno y que el tiempo que resta seguirán ejerciendo su trabajo de manera imparcial.
“Lo que sigue es continuar luchando hasta que esto se acabe, hasta que la Corte resuelva definitivamente y nos diga que el Poder Ejecutivo acata las resoluciones” contra dicha enmienda, señaló el magistrado Manuel Bárcena Villanueva, a quien la Fiscalía General de la República señala por confirmar la negativa de librar orden de capturar a Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría se Seguridad Pública, por enriquecimiento ilícito.
“Yo y muchos de mis compañeros somos personas que hemos llegado a estos puestos no por voluntad popular, porque creo que es incompatible, sino por conocimientos, por concurso de oposición. Nos hemos sometido a exámenes rigurosos en distintas etapas. La función que realizamos requiere la mayor preparación para poder ejercer esa impartición de justicia a la población; de otro modo no se puede garantizar una justicia adecuada para ellos.
Nuestra capacidad como juristas nos da para desempeñarnos aquí y en todos lados. No estamos muertos, nuestra preparación alcanza para seguir en todos los aspectos de la vida. Tenemos muchos ámbitos donde desarrollarnos y seguiré haciendo bien a la comunidad”, reiteró.
Para Juana Fuentes, directora de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), declinar fue “quitarse un peso de imposición, ese peso de no saber si ibas a irte a consulta o no; me parece que este paso te libera y te consolida como juez independiente”.
Añadió que mientras se separa del cargo del PJF seguirá laborando para cumplir con el mandato constitucional. “Algunos continuaremos la actividad hasta que esto se resuelva en el rango constitucional o convencional, lo que obedece a un acto propiamente individual de dignidad de cada uno de los juzgadores, pero no por ello desistimos de las acciones que se están llevando a cabo en el terreno judicial”.
El juez de distrito Gerardo Genaro Alarcón, del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, manifestó que hasta agosto de 2025 cumplirá con el trabajo que le corresponde con la ley, “con la que juré guardar y hacer valer la Constitución. Es complicado, pero para eso protesté ante la Corte; eso es lo que debo hacer: guardar y hacer cumplir la Carta Magna”.
El impartidor de justicia, con 25 años de servicio y quien lleva el juicio contra Emilio Lozaya por el caso Odebrecht, consideró que con la aprobación de la reforma judicial hay “una crisis constitucional. Se está rompiendo básicamente la división de poderes. Esperemos que la Corte logre asumir su responsabilidad para efecto de que se revierta esta indigna enmienda. Decliné porque no quiero ser cómplice del oficialismo de vernos comprometidos en la independencia y autonomía de las decisiones que tomamos dentro de una audiencia”.
Al respecto, Taissia Cruz Parcero, directora del Instituto Federal de Defensoría Pública, quien ha laborado durante 33 años en el PJF, apuntó que renunció ya que ella y sus colegas ganaron el cargo mediante concurso de oposición “y no tenemos por qué pelear por un puesto que ganamos legítimamente. La inamovilidad es una garantía judicial, pero es una garantía en favor de las personas, quienes tienen derecho a tener jueces imparciales. A mí me toca retirarme en 2027, pero mientras haya condiciones de seguir siendo independiente e imparcial aguantaré hasta esa fecha; si no, me voy antes”.
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