Ciudad de México. Durante el primer simulacro nacional del año, cientos de empleados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que participaron se encontraron con manifestaciones frente al edificio sede, principalmente de decenas de repartidores de plataformas digitales, quienes exigen a los ministros invalidar el impuesto del 2% que la Ciudad de México cobra a empresas como Uber y DiDi por intermediar en la entrega de alimentos y mercancías.
Al comenzar a sonar la alerta sísmica, en punto de las 11:30 horas, se abrieron las puertas del máximo tribunal del país y, de manera ordenada, los empleados comenzaron a salir para concentrarse frente a la puerta principal, sobre la calle Pino Suárez. Ningún ministro participó.
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En ese punto coincidieron con los trabajadores de Repartidores Unidos de México, quienes se encontraban replegados a un costado, junto al Zócalo, y de inmediato aprovecharon el momento para lanzar sus reclamos, como: “¡No al 2 por ciento, no al 2 por ciento, no al 2 por ciento!”.
La movilización de los repartidores se realizó un día antes de la sesión de la Segunda Sala de la Corte, programada para el miércoles, en la que está listado el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, que propone amparar a la empresa Uber contra dicho impuesto. Aunque el fallo beneficiaría únicamente a esta plataforma, el proyecto plantea declarar inconstitucional el cobro.
Los empleados de la Corte, desde personal de intendencia hasta encargados de las ponencias de los ministros, fueron formados frente a los repartidores. Sin embargo, estos no respondieron a los reclamos; solo escucharon y observaron sus pancartas. Una de ellas decía: “¡El 2 % nos va a golpear, sin más ingresos no vamos a llegar!”.
Los repartidores también lanzaron críticas a quienes llamaron “trajeados y pinches güeritos”.
“Están hasta blancos de que no les pega el sol… No llevas ni dos minutos y ya estás con tu paraguas”, les decían.
Asimismo, lanzaron advertencias a los aspirantes al Poder Judicial, entre ellos a las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama, quienes ya adelantaron su voto en contra del proyecto de Pérez Dayán: “Nos vemos en las urnas el 1 de junio”.
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Édgar Balderas, integrante de Repartidores Unidos de México y de la organización Demonios del Asfalto —que agrupa a trabajadores de Atizapán, Nicolás Romero y Tlalnepantla—, señaló que están conscientes de que el impuesto del 2% establecido en 2021, mediante la reforma al artículo 307 Ter del Código Fiscal de la Ciudad de México, excluye a repartidores, usuarios y comercios. Sin embargo, advirtió que terminará por afectarlos, “porque la empresa no pierde”, en referencia a plataformas como Rappi, DiDi, Uber y otras.
“El impuesto está dirigido a las plataformas, pero sabemos que la empresa no pierde. La empresa, de una u otra manera, va a ver cómo trasladar ese 2 %: tal vez a mí el 1 %, y al usuario final, el otro 1 %. ¿Qué significa eso, compañeros? Significa que al usuario le va a costar 2 % más su pedido, su pizza, su comida. ¿Por qué afectarnos a todos con una infraestructura que ni siquiera está bien? Con datos oficiales podemos comprobar que la infraestructura no funciona correctamente. Es una hipocresía”, declaró a La Jornada.
—¿Cuál es el plan ahorita? ¿Se van a quedar aquí? ¿Hasta qué hora estarán? —se le preguntó.
– “Nos vamos a quedar aquí hasta que nos reciban, y si no, vamos a tener que movernos a una vialidad”, respondió.
Otra protesta durante el simulacro fue la del pintor oaxaqueño Feliciano Lamberto Carrere Jiménez, quien lleva 32 años litigando en juzgados, tribunales y en la Corte un juicio laboral contra Petróleos Mexicanos (Pemex), por la indemnización que debieron pagar a su madre tras la muerte de su padre, ocurrida en 1989 a causa de un accidente laboral.
“La Corte cometió fraude procesal en el caso de mi padre”, reclamaba el artista con micrófono en mano, al tiempo que reprochaba que los ministros no participaron en el simulacro, como una muestra de indiferencia hacia el pueblo.
Carrere Jiménez lleva un año durmiendo afuera de la sede de la SCJN, en una pequeña tienda de lona que instaló para protestar diariamente, varias veces al día, con un micrófono y una bocina, contra la “cadena de corrupción” que, asegura, encontró en el Poder Judicial de la Federación (PJF) y el “fraude procesal de la Corte” al conocer su caso.
