El tamaño de la evasión fiscal en México es “abrumador”, pues se calcula que las llamadas empresas factureras –aquellas que emiten comprobantes por obras o servicios que nunca se realizaron, para evadir el pago de impuestos– ya manejan alrededor de 3.1 billones de pesos, con un impacto directo de 1.41 billones de pesos que no llegan a las arcas públicas.
De acuerdo con un estudio de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, el principal reto de las autoridades no es tanto la identificación de dichas compañías fraudulentas, sino la judicialización de los casos, pues hoy las sanciones en contra de ellas son muy escasas, lo que propicia la impunidad.
El documento, elaborado por el vicecoordinador del grupo parlamentario guinda, Alfonso Ramírez Cuéllar, recalcó que sólo entre 2014 y 2019, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) identificó 8 mil 204 empresas fantasmas capaces de generar 8 millones 827 mil facturas falsas por un monto de 1.6 billones de pesos.
El fraude derivado, según el análisis, alcanzó 354 mil millones de pesos, equivalentes a 1.4 por ciento del producto interno bruto nacional, por lo que se trata de un “saqueo multimillonario al Estado” mexicano.
En su estudio, Ramírez Cuéllar alertó que sigue habiendo “vacíos normativos e institucionales” que permiten la operación de las factureras y sus clientes con relativa impunidad, pues aunque muchas de esas empresas ya han sido identificadas, muy pocas han recibido algún castigo por sus actividades.
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Las cifras, lamentó, “son demoledoras”, pues de 2014 a la fecha, 13 mil 594 contribuyentes han sido señalados de ser presuntas empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS, factureras), pero 353 han logrado desvirtuar la acusación y mil 705 obtuvieron sentencias firmes para anularla.
Al 4 de septiembre de 2025, 12 mil 644 contribuyentes han sido confirmados como EFOS en situación definitiva, pero “no existe información pública sobre cuántos de estos casos han llegado a proceso penal efectivo”.
Pese a los programas de fiscalización y las reformas legales, apuntó el legislador, “el avance en la vía judicial ha sido limitado. El SAT logra detectar los casos y la Procuraduría Fiscal recibe los expedientes, pero en los tribunales no se han emitido órdenes de aprehensión. Para 2025, existen mil 500 carpetas de investigación detenidas en tribunales”.
En la práctica, según el estudio de Morena, “los esfuerzos se concentran en la detección, mientras las sanciones efectivas son escasas, lo que mantiene vigente el incentivo para recurrir a la facturación falsa”.
Por todo ello, el diputado defendió la reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir las factureras, ya que “amplía el concepto de ‘factura falsa’ y endurece las consecuencias” contra todos los participantes en dicho esquema fraudulento.
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