Contra la voluntad de la inmensa mayoría de la comunidad, un pequeño grupo de trabajadores pretende impedir la publicación de La Jornada a partir de los primeros minutos del jueves 5 de junio. Disfrazada de reivindicaciones laborales, la acción esconde intereses políticos. Su determinación está precedida de graves irregularidades, avaladas por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL).
Sin legitimidad, fuera de tiempo y norma, el Sindicato Independiente de Trabajadores de La Jornada (Sitrajor) busca estallar una huelga que no cuenta con el aval de los jornaleros.
A todas luces, la existencia misma del sindicato es irregular. De acuerdo con la nueva legislación laboral de 2019, el organismo gremial debió legitimar su contrato colectivo de trabajo mediante el voto personal, directo, libre y secreto de sus agremiados. No lo hizo en los periodos establecidos. Sin embargo, cinco meses después del plazo legal improrrogable, el CFCRL lo reconoció.
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Pero, además, para que el registro sea válido, se requiere el aval del 50 por ciento más uno del padrón sindical, de 168 personas, de una plantilla de alrededor de 300 trabajadores. No los tuvo. Pero, en una nueva arbitrariedad, el Centro convalidó al Sitrajor, con apenas 30 por ciento de la votación.
Violando sus propios estatutos, que establecen que el estallamiento de la huelga deberá ser decidido por votación directa, secreta y universal, y aprobado por cuando menos 60 por ciento de los miembros del sindicato, el emplazamiento se anunció sin consultar a sus afiliados en asamblea general y votación. En contra de esta decisión arbitraria, la comunidad rechaza la suspensión de actividades. Según se dio a conocer en una carta divulgada el pasado 25 de mayo, alrededor de 250 trabajadores de base expresaron su deseo y determinación de continuar laborando.
Por todas estas razones, el Consejo de Administración de Demos, Desarrollo de Medios SA de CV, empresa que publica La Jornada, respalda incondicionalmente a la Directora, a sus trabajadores, a los lectores, a la administración y al equipo de defensa jurídica de esta casa editorial. Las operaciones deben continuar. No podemos admitir que los intereses de un grupo minúsculo prevalezcan sobre los de la comunidad y su audiencia. Tenemos el compromiso de informar día a día a nuestros lectores sobre lo que acontece en nuestro país y el mundo. El periódico, en sus versiones impresa y digital, debe llegar a sus manos y plataformas.
Atentamente:
Consejo de Administración de Demos,
Desarrollo de Medios SA de CV
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