Viernes, junio 21, 2024

Por asesinato de ambientalista inician juicio en Honduras

Tegucigalpa. Ocho de los nueve acusados por el crimen de Berta Cáceres fueron trasladados hoy al Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia para iniciar el juicio en su contra por el delito de asesinato de ambientalista hondureña .

“Esperamos que todas las personas que entraron hoy a juicio sean condenadas porque la carga probatoria es suficiente para demostrar su culpabilidad en el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres”, expresó a Dpa el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.

El comienzo del proceso fue presenciado tanto por observadores nacionales como internacionales y captó la atención de la prensa local y extranjera.

Los ocho imputados son acusados por los delitos de asesinato en perjuicio de Berta Cáceres y tentativa de asesinato en contra de un amigo suyo, que el día del crimen resultó herido.

El debate en la Sala I del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional durará un mes aproximadamente. Allí se determinará la culpabilidad o inocencia de los ocho procesados.

Los alrededores de ese Tribunal permanecían militarizados en la mañana de este lunes, para evitar que se produjeran disturbios, debido a que se esperaba la presencia de los integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).

La líder indígena lenca fue ultimada a balazos la madrugada del 3 de marzo de 2016 en su casa de la residencial El Líbano del municipio de La Esperanza, en el departamento de Intibucá, a 200 kilómetros de Tegucigalpa.

Los asesinos entraron a la vivienda y en medio de la oscuridad le dispararon a Cáceres y a su amigo, el también ambientalista Gustavo Castro, de nacionalidad mexicana, quien resultó herido y se convirtió en uno de los principales testigos de ese asesinato.

Desde ese día, sus familiares señalaron como responsables del crimen a trabajadores y ejecutivos de un proyecto hidroeléctrico que se pretende construir sobre el río en la comunidad de San Francisco de Ojuera, departamento de Santa Bárbara. La compañía siempre ha rechazado las acusaciones.

Cáceres, líder del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), había librado una dura batalla para frenar la construcción de esa represa, debido a que consideraba que la concesión se otorgó de forma ilegal, motivo por el cual recibió amenazas, según cuentan sus parientes.

Ocho de los implicados fueron capturados pocos días después del asesinato de ambientalista, mientras que el noveno, presidente ejecutivo de la empresa que desarrolla la represa, fue detenido en marzo de 2018 y es procesado por asociación ilícita y asesinato. La Justicia aún deberá determinar si es sometido a juicio.

Con información de La Jornada

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