Managua. Unas 43 organizaciones sociales y políticas de Nicaragua anunciaron hoy la creación de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), una coalición que buscará “la pronta salida del poder” del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
En rueda de prensa, una veintena de dirigentes de las organizaciones sociales divulgaron un “manifiesto” presentando a la UNAB como una alianza basada en los principios de democracia, libertad y justicia, “sin caudillismos ni vanguardias”.
“El objetivo principal (…) es construir una Nicaragua con democracia, libertad, justicia, institucionalidad y respeto a los derechos humanos. Para alcanzarlo, es indispensable la pronta salida del poder de los Ortega-Murillo por las vías democráticas”, destacó la declaración.
Entre otras “demandas urgentes”, la UNAB mencionó un diálogo nacional para acordar los términos y condiciones de la transición democrática, el cese inmediato de la represión, la liberación de todos los opositores detenidos y la realización de elecciones anticipadas, con un Poder Electoral reestructurado y bajo observación nacional e internacional.
La primera gran movilización ciudadana convocada por la nueva coalición será una marcha nacional a realizarse el próximo domingo en Managua, dijeron los miembros de la UNAB. El Gobierno ha prohibido las manifestaciones opositoras en todo el país.
Entre los integrantes de la agrupación figuran organizaciones sociales de reciente formación como la Alianza Cívica, la Articulación de Movimientos Sociales y la Coordinadora Universitaria, surgidas durante las protestas contra Ortega que estallaron en abril.
También la integran movimientos feministas, campesinos, del sector privado, de profesionales, ambientalistas y de derechos humanos, así como el opositor Frente Amplio por la Democracia (FAD), que aglutina a organismos de la sociedad civil y partidos opositores.
“Este es un momento importante para todos los nicaragüenses porque la unidad era urgente para seguir esta lucha con esperanza”, dijo a dpa la universitaria Valeska Valle, una de las pocas dirigentes estudiantiles que no ha sido detenida ni se ha exiliado.
Valle admitió que “fueron necesarias muchas reuniones y mucha voluntad para hacer coincidir distintas posiciones y estrategias, que en definitiva tienen un punto en común: que se vaya Ortega”.
Por su parte, el empresario Juan Sebastián Chamorro declaró a dpa que se trata “de una unidad estratégica y táctica” para continuar las protestas cívicas. Dijo que no se ha pensado convertir a la UNAB en una coalición de tipo electoral ni tampoco se han nombrado líderes.
El presidente Ortega ha rechazado reanudar el diálogo con los opositores, a quienes llama “terroristas”. A los obispos católicos, mediadores del diálogo, los acusó de ser parte del mismo supuesto “complot golpista”.
La crisis estalló el 18 de abril con una protesta de estudiantes y se agravó tras la violenta actuación de la Policía y paramilitares, que ha dejado hasta hoy 325 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque el Gobierno reconoce 200 víctimas y organizaciones sociales locales elevan la cifra a 512.
Mientras, familiares y amigos del joven Denis Madriz, desaparecido el sábado y encontrado muerto ayer miércoles, participaron este jueves en su funeral en un cementerio de la zona norte de Managua.
Madriz, de 28 años, había denunciado asedio y amenazas de activistas del Gobierno por su participación en protestas. Sin embargo, en un comunicado, la Policía atribuyó el crimen a un asalto común y presentó a dos sospechosos del hecho.
Al respecto, un equipo de la CIDH que trabaja en Nicaragua lamentó la muerte de Madriz y recordó en un tuit “la obligación del Estado de #Nicaragua, especialmente con las víctimas, de administrar justicia, buscar la verdad y establecer responsabilidades por este y otros hechos de violencia, en un proceso oportuno e imparcial”.
Por su parte, el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, anunció que una misión del organismo visitará Costa Rica del 15 al 18 de octubre para comprobar la situación de los derechos humanos de los migrantes y refugiados nicaragüenses, cuya cifra el Gobierno costarricense estima en al menos 23 mil.
En tanto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos advirtió hoy a las entidades financieras del país del riesgo de que “activos procedentes de la corrupción política” en Nicaragua entren en el sistema.
La alerta la emitió el FinCEN, la oficina encargada de reunir y analizar información sobre transacciones financieras para combatir, a nivel nacional e internacional, el lavado de dinero, la financiación terrorista y otro crímenes financieros.
“El aviso del FinCEN es parte de la campaña en marcha de esta administración para hacer rendir cuentas a los individuos que participan en abusos a los derechos humanos y en corrupción en Nicaragua”, manifestó Sigal Mandelker, vicesecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera.
Con información de La Jornada