Jerusalén. El Parlamento israelí (también llamado Knesset) aprobó un proyecto de ley que impondría pena de muerte a los militantes palestinos condenados por matar a ciudadanos israelíes, y algunos legisladores creen que esto evitaría futuros acuerdos de liberación de prisioneros.
En una votación celebrada el lunes por la noche, la primera de varias necesarias para que la medida se convierta en ley, el proyecto fue aprobado con 39 votos a favor y 16 en contra, de un total de 120 legisladores.
El ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha, Itamar Ben-Gvir, había pedido a todas las facciones políticas que respaldaran el proyecto de ley, que, según él, tenía el objetivo de crear disuasión contra el “terrorismo árabe”.
“Así es como combatimos el terror; así es como creamos disuasión”, mencionó en un comunicado después de la votación inicial. “Una vez que la ley sea finalmente aprobada, los terroristas sólo serán liberados para ir al infierno”.
El proyecto de ley pasará ahora a una comisión parlamentaria para un debate más profundo antes de una segunda y tercera votaciones. No está garantizado que se convierta en ley, ya que varios partidos políticos claves boicotearon la votación inicial.
Los medios israelíes citaron al líder de la oposición, Yair Lapid, diciendo que no votaría a favor del proyecto de ley.
La Organización para la Liberación de Palestina, principal fuerza política nacional, condenó la votación. El presidente del Consejo Nacional Palestino, Rawhi Fattouh, calificó el proyecto de ley de “crimen político, legal y humanitario”. Hamas también criticó la votación.
Israel abolió la pena de muerte por asesinato en 1954, y la única persona ejecutada en Israel después de un juicio civil fue Adolf Eichmann, uno de los arquitectos del Holocausto nazi, en 1962.
Ben-Gvir ha argumentado que imponer la pena de muerte disuadiría a cualquiera que considere un ataque similar al asalto liderado por Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, que mató a casi mil 200 personas, la mayoría civiles, y resultó en la toma de 251 rehenes a Gaza, según recuentos israelíes, y a lo que Tel Aviv reviró con una ofensiva que ha matado a casi 70 mil palestinos.
Amnistía Internacional declaró en un comunicado que un proyecto de ley que impone la pena de muerte por asesinatos “motivados nacionalmente” contra Israel o el pueblo judío afianzaría la discriminación sistémica contra los palestinos.
El mes pasado se acordó un frágil alto el fuego que incluía la liberación de los 20 rehenes que permanecían vivos en Gaza, además de los restos de los fallecidos, a cambio de casi 2 mil palestinos detenidos en prisiones israelíes.
Desde que se impuso el alto el fuego, Tel Aviv cometió 282 violaciones a la tregua que comenzó el 10 de octubre, asesinó a 242 personas y dejó heridas a 620.
El Parlamento de Israel discute otra ley que castigaría la instigación al terrorismo, propuesta de Ben-Gvir, que permitiría a la policía –bajo dirección del propio Ben Gvir–, sin la autorización previa del fiscal general, investigar presuntas incitaciones al odio.
Bajo la gestión de Ben Gvir se abrieron 710 casos por presunta incitación al terrorismo en virtud de la ley antiterrorista. Alrededor de 96 por ciento de estos casos tuvieron como objetivo a árabes; el 4 por ciento restante contra israelíes-judíos, según un informe de Haaretz.
