Washington. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere que la Corte Penal Internacional (CPI) enmiende su documento fundacional para garantizar que no investigue al presidente republicano y a sus altos cargos, dijo un representante de la administración del republicano, y el gabinete amenazó con nuevas sanciones al tribunal si no lo hacía.
Si la CPI no toma medidas sobre esta demanda de Estados Unidos y otras dos —abandonar las investigaciones de los líderes israelíes sobre la guerra de Gaza y terminar formalmente una investigación anterior a militares estadounidenses por sus acciones en Afganistán—, Washington podría penalizar a más responsables de la CPI y podría sancionar al propio tribunal, aseveró el representante.
Sancionar al tribunal intensificaría significativamente la campaña de Estados Unidos contra la CPI, que lleva mucho tiempo siendo criticada por responsables estadounidenses, tanto republicanos como demócratas, que dicen que el tribunal infringe la soberanía de Estados Unidos.
El representante del gobierno de Trump, que habló bajo condición de anonimato, señaló que Washington ha comunicado sus demandas a los miembros de la CPI, algunos de los cuales son aliados de Estados Unidos, y también se las ha hecho saber al organismo. Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma que estableció la CPI en 2002 como un tribunal de última instancia con el poder de enjuiciar a jefes de Estado.
La demanda y la amenaza de reanudar la campaña de sanciones de Estados Unidos contra el tribunal no habían sido comunicadas anteriormente.
Washington teme acciones tras el fin del mandato del magnate
Los jueces de la CPI emitieron el pasado noviembre órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el ex ministro de Defensa israelí Yoav Gallant y el líder de Hamas Ibrahim al-Masri por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad durante el conflicto de Gaza.
En marzo de 2020, los fiscales de la CPI abrieron una investigación en Afganistán que incluía posibles crímenes de tropas estadounidenses. Desde 2021, el tribunal ha dejado de dar prioridad a investigar el papel de Estados Unidos, pero no ha puesto fin formalmente a su investigación.
Para obligar al tribunal de guerra a retirar estos cargos, Estados Unidos impuso a principios de este año sanciones a nueve responsables de la CPI, incluidos jueces y fiscales. No obstante, no ha llegado a imponer sanciones al tribunal como entidad, lo que perturbaría gravemente su labor.
“Existe una creciente preocupación (…) de que en 2029 la CPI dirija su atención al presidente, al vicepresidente, al secretario de Guerra y a otros, y busque abrir procesos contra ellos”, dijo el representante del Gobierno de Trump.
“Eso es inaceptable y no permitiremos que ocurra”.
La Casa Blanca no hizo comentarios inmediatos sobre el asunto.
Cualquier esfuerzo por cambiar el Estatuto de Roma para acomodar la demanda de Estados Unidos sería lento y difícil, ya que requeriría la aprobación de dos tercios de los países que han ratificado el Estatuto de Roma.
“Las enmiendas al Estatuto de Roma son prerrogativa de los Estados Partes”, afirmó el departamento de asuntos públicos de la CPI, que habla en nombre del tribunal y de su presidencia, en respuesta a las preguntas de Reuters. No respondió a una pregunta sobre si Washington ha tendido la mano para buscar una inmunidad procesal para Trump.
Las sanciones aplicadas a la corte como entidad podrían afectar a sus operaciones básicas del día a día, desde su capacidad para pagar al personal hasta el acceso a cuentas bancarias y software de oficina rutinario en sus ordenadores.
La CPI es el tribunal permanente del mundo para crímenes de guerra y cuenta con 125 Estados miembros, incluida toda la UE, pero no las grandes potencias, como China, Rusia y Estados Unidos, entre otras.
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