La exregidora de Salud, Bienestar y Asistencia Pública del ayuntamiento de Tehuacán, Mayra Guadalupe Vázquez Gordillo, denunció que ha sido víctima de amenazas y hostigamiento por parte del presidente municipal Alejandro Barroso Chávez, quien presuntamente la obligó a renunciar a su cargo en 2024. La exfuncionaria declaró que teme por su vida y la de su familia, al afirmar que se le obligó a dimitir para permitir que Karina Xúchitl González, cuñada del alcalde, asumiera su puesto.
Explicó que todo ocurrió el 15 de octubre de 2024, cuando el edil la citó en su consultorio médico, bajo el argumento de revisar un acuse de licencia, misma que rompió frente a ella y la obligó a firmar una renuncia.
“Me dijo que se iba a encargar incluso de desaparecer a mi esposo si yo seguía insistiendo en algo que no iba a suceder y que él tenía el poder de hablar con quien fuera para que yo no pudiera regresar a mi cargo. Me amenazó en hacerme daño directamente a mí. Me dijo que tiene gente peligrosa trabajando para él y que están a su disposición”, relató.
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Ese mismo día, al intentar permanecer en la sesión de cabildo, el presidente municipal la echó del recinto. “Me corrió con las palabras textuales: ‘Lárgate, no tienes nada que hacer aquí’. Fue cuando entendí que el objetivo era sacarme para que entrara su cuñada”, sostuvo.
Tras su salida, Xúchitl González asumió la regiduría de Salud, cargo que Mayra Guadalupe busca recuperar. El 10 de junio de 2025, presentó una solicitud formal de reinstalación, pero no le dieron respuesta inmediata.
Añadió que por esa razón interpuso un juicio de derechos político-electorales: “Tres meses después, el 12 de septiembre de 2025, primero a las 9 de la mañana me notifica el secretario, usurpando funciones, y me declara improcedente mi solicitud. Ocho horas después me contesta el Tribunal que, dado que ya me respondió el secretario, que se sobreseía el juicio. Me parece muy raro que en tres meses no se moviera nada y en ocho horas resolvieran todo”, expresó.
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La exregidora presentó una impugnación ante la Sala Regional del Tribunal Electoral en Ciudad de México para que se revisen las pruebas y se le reinstale.
Vázquez Gordillo también denunció que las medidas de protección ordenadas por la Fiscalía de Delitos Electorales no se aplican en la práctica. “Lo único que hacen es notificarme la medida y jamás regresan a verme. Ahí también se demuestra que el presidente municipal tiene poder para que no se ejecute lo que yo estoy pidiendo”, aseveró.
Señaló que, además, solicitó la intervención de la Secretaría de Gobernación del Estado. Su titular, Samuel Aguilar Pala, le aseguró que revisaría el caso, sin que hasta ahora haya resuelto algo.
“Él tiene conocimiento del hecho y pues espero que le haya comentado al gobernador del estado. Me comentó que iba a ver qué podía hacer, que iba a hacer su investigación claramente para ver la manera en la que podía resolver esta situación. Sin embargo, a la fecha ya han pasado algunos meses y no he tenido ninguna resolución”, finalizó.
