La reciente confirmación de sentencia de nueve años contra Leonardo Tiro Moranchel, propietario de Sitma, no garantiza que él continué en prisión, sostuvo José Luis Pérez Bello, representante de afectados del grupo Zona Dorada.
Explicó que aunque tanto él como su hermano Edmundo Tiro, dueño de Invergroup, tengan varias sentencias los años no se acumulan.
““El fiscal (Gilberto Higuera Bernal) dice que con tantos años no van a salir de la cárcel, no es cierto porque no son acumulativos…. se tomaría en cuenta la sentencia que tengan más años… la más alta impuesta hasta ahora es de 35 años 6 meses y (Leonardo) lleva 13 años en la cárcel”.
Eso significa, agregó en entrevista telefónica con La Jornada de Oriente, que cuando menos el dueño de Sitma podría quedar libre después del año 2040.
También lamentó que aunque los hermanos Tiro Moranchel sigan acumulando sentencias, los afectados continúan sin recuperar su dinero.
En este 2023 se cumplen 15 años de que se perpetró el fraude en contra de alrededor de 10 mil 500 personas solo del estado de Puebla, con un monto de afectación global estimado en mil 300 millones de pesos.
Nadie de los agraviados ha recuperado cuando menos una fracción de lo que invirtió, toda vez que ningún bien mueble o inmueble de las empresas ha sido comercializado para pagarles.
De ahí la insistencia de Pérez Bello para que sean vendidos a su precio real y no llevados a remate, ya que además si ocurriera esto último los Tiro Moranchel serían los primeros en querer recuperar las propiedades o vehículos que actualmente se encuentran aseguradas.
Reiteró su propuesta de que el gobierno federal y el del estado de Puebla conformen un fideicomiso para que adquieran esos bienes y los miles de defraudados puedan tener de vuelta su dinero.
Subrayó que la responsabilidad de ambas administraciones es ayudar a todas las personas afectadas por los hermanos Tiro Moranchel.
Por otra parte, el representante del grupo Zona Dorada expuso que pese a haber sido defraudados por Sitma e Invergroup, hay abogados que están exigiendo hasta 15 mil pesos a los afectados, gran parte de ellos de edad avanzada, para devolverles los contratos que firmaron con las inmobiliarias.
Refirió que hay otros más que están cobrando hasta 12 mil 500 pesos por una corrección de nombre.
El dirigente indicó que es lamentable que existan licenciados en Derecho que todavía estén pensando en sacarles más dinero.
“Tengo una persona que los hijos ya la querían sacar de la casa, pero estaban comandados por el licenciado Gabriel y como el licenciado Gabriel tiene los originales de los contratos, no se los regresa si no les dan 15 mil pesos para entregarles sus papeles”, finalizó.
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