Aun cuando se sintió excluido del proceso de otorgamiento de nuevas concesiones para el servicio de grúa y corralón bajo la normatividad estatal, Indalecio Saucedo Sánchez, dirigente transportista en la zona sur, confió en que las empresas de grúas y corralones acaten el llamado del gobierno para no cometer abusos y brindar una buena atención.
Comentó que las organizaciones transportistas desconocen la forma en que se realizó la tabulación de las nuevas tarifas establecidas para la prestación de estos servicios.
Remarcó que los concesionarios de transporte siempre se han quejado de las arbitrariedades cometidas desde hace varios años y en forma constante por parte de la empresa Grúas Díaz, regida por la legislación federal.
Sin embargo, lamentó que el gobierno estatal “tampoco consensuó con los transportistas para ver cómo podíamos participar, porque los que hemos sido objeto” de abusos “somos nosotros y luego la ciudadanía que tiene la necesidad de moverse en carro”.
Por tanto, reiteró que espera que los nuevos concesionarios de grúas y corralones acaten el mensaje de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, quien advirtió que se actuará cuando existan quejas por un mal servicio o por cobros que no se ajusten a la normatividad.
“Se dijo claramente; nosotros tenemos muy bien en conocimiento de cuánto era el tabulador de Grúas Díaz o de cuánto es, y ahora se dijo que se iba al 40 por ciento menos, esperemos que esos nuevos concesionarios respeten”, subrayó el también integrante de la Coordinadora Estatal de Transporte (CET).
Citó como ejemplo que los cobros de Grúas Díaz ·eran un robo”, pues un “banderazo”, que es la salida al lugar de los hechos, cuesta alrededor de mil pesos, además del pago de kilometraje adicional, por lo que un movimiento de Panzacola a sus corralones es de entre ocho mil y 10 mil pesos. “Era brutal”.
Anotó que desde hace tiempo la administración de Lorena Cuéllar Cisneros ya había anunciado que habilitaría grúas y corralones estatales “para que no pagáramos”, pero “ahora ya salió esta situación” de que se han concesionado a personas particulares.
Si embargo, recalcó su confianza en que las nuevas empresas “tengan la ética de recibir el mensaje de la gobernadora y si no pues nosotros estamos puestos también para aclarar que las cosas no cambian, esperemos que cambien”.
Porque -abundó Saucedo Sánchez- Grúas Díaz “sí ya es una brutalidad completa y sobre todo había cerrazón de diálogo para algún arreglo, o sea, ya era de manera prepotente el servicio… muchos transportistas, muchos particulares, se quejaron”.
Coincidió con los señalamientos de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros en el sentido de que había momentos “en que a la pobre gente le costaba más pagar la multa y el corralón que el precio de la unidad. Entonces estaremos pendientes”.
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