En este momento, la única certeza de que el proceso de clausura y conversión de los rellenos sanitarios en reserva territorial sea cumplido por los próximos sexenios de gobierno, es la jurídica, aseveró el titular de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado (SMA), Pedro Aquino Alvarado.
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Ante el cese de las operaciones de los primeros dos de cuatro tiraderos de basura del estado, ubicados en Panotla y Huamantla, para lo cual se anunció una inversión de alrededor de 80 millones de pesos, el funcionario recalcó que la misma instrucción legal que obligó al gobierno de Tlaxcala a cerrar estos espacios, es la misma que le exigirá a las siguientes autoridades dar continuidad a los trabajos.
Expuso que en caso de incumplimiento, se dará cuenta de ello ante la misma autoridad, es decir, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), pues será la instancia que tendrá que asegurar que el gobierno en turno acate lo que esta ha ordenado tras determinar que después de 30 años de funcionamiento los rellenos han concluido su vida útil.
Reiteró que una vez cerrados estos sitios para la recepción de residuos sólidos, por disposición legal ya no podrá establecerse nada sobre ellos en los siguientes 20 años, pues la intención es que cuando se conforme cada una de las capas, exista una cobertura con componente orgánico en la que se siembren árboles, ya que de esta manera se convertirán en una especie de reserva territorial y ambiental.
Recalcó que el año próximo serán cerrados los otros dos rellenos, el de Calpulalpan y el de Atlangatepec, por lo que para entonces la nueva solución que se ofertará a los municipios es el Polo de Economía Circular para el Bienestar, figura creada por la Federación y en la que Tlaxcala podría ser un punto de tratamiento de residuos en el país.
Apuntó que después del cese de operaciones, anualmente se van a llevar a cabo estudios y serán reportados al gobierno federal, pero todavía no se ha estimado un presupuesto para la ejecución de futuras acciones.
Agregó que la idea es que a largo plazo deje de haber gasto público en el manejo de los desechos y que para concretarlo debe haber inversión privada dirigida a la transformación de toda esa basura que se genera.
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Los ayuntamientos podrían tener una planta de separación de residuos, para reducir costos, pues si tuvieran alguna proporción de estos que no puedan aprovechar, estarían en condiciones de enviarla a una empresa dedicada al reciclaje, subrayó y advirtió que este tipo de servicios por parte de la iniciativa privada son más costosos.
Recalcó que el gasto público de los municipios para la recolección y tratamiento de basura debe continuar porque es su responsabilidad legalmente y porque recaudan el impuesto y pagos de la ciudadanía por diversos conceptos.
Por otra parte, mencionó que hay dos empresas particulares que se encargarán de los trabajos relativos al cierre de los rellenos, una operará en Panotla y otra en Huamantla, las cuales tendrán que cumplir los lineamientos de la Profepa y presentar manuales y avisos de inicio.
Mientras tanto, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realizará las verificaciones correspondientes de manera constante, a efecto de que todo se realice con base en las normas respectivas.
A la par de que esas empresas ingresen a los tiraderos, se realizará el estudio de daño ambiental “y los manuales de cómo están y cómo deben quedar”.
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