La Red Mexicana de Franquicias (RMF) exige que la Contraloría del municipio de Puebla finque responsabilidades contra quienes autorizaron la tala de árboles frente a la concesionaria de autos Chirey.
El vicepresidente de la agrupación, Roberto Esquivel Ruiseco, consideró imperdonable que las especies hayan sido mutiladas, cuando este estado y el país enfrentan una severa ola de calor.
Cabe recordar que el director de Infraestructura Verde y una bióloga de la Secretaría de Medio Ambiente que autorizaron la tala, ya fueron dados de baja.
Sin embargo, el representante de franquiciatarios manifestó que el tema no debe quedar ahí, sino que debe haber una investigación y sanción para los responsables de ese atentado contra el medio ambiente y en el que todos los ciudadanos salen afectados
“Es algo no justificado, es algo que no se vale se deben fincar responsabilidades porque no es ni siquiera el primero, estamos hablando de que hubo otros permisos (para talar)… Necesitamos árboles, necesitamos oxígeno, estamos en un estado y en una ciudad que tiene altas probabilidades de contaminación porque el parque vehicular se ha ido incrementando”, declaró.
Cabe recordar que Gerardo López Ramírez, líder de El Barzón, ya presentó una denuncia por la referida tala en el bulevar Hermanos Serdán, en contra de la agencia de autos Chirey.
En otro tema, Esquivel Ruiseco demandó que en los próximos operativos para sancionar a quienes no cumplieron con la verificación vehicular, se debe multar a todos por igual, toda vez que pareciera que solo se pretender castigar a los automovilistas, cuando hay unidades del transporte público que son sumamente contaminantes.
“Lo que nosotros sí le exigimos al gobierno del estado es piso parejo porque hoy en día podemos encontrar unidades de transporte público, unidades de carga, camiones volteo, revolvedoras, principalmente los que se dedican a la construcción, pipas de agua, que contaminan demasiado y dentro de ellos hemos encontrado unidades de RUTA que continúan contaminando”.
El vicepresidente de RFM manifestó que pareciera que el transporte público y de carga son privilegiados porque algunas unidades, a pesar que son visiblemente contaminantes, no hay autoridad alguna que les impida seguir circulando.
Asimismo, recordó que ya hubo una primera prórroga para que pudieran verificar, por lo que el gobierno estatal ya no debe postergar la aplicación de la ley para los incumplidos.
A partir del 1 de julio se aplicarán sanciones de hasta mil 867 pesos para quienes no hayan cumplido; serán 91 policías estatales los facultados para multar, los cuales estarán desplegados en todo el territorio poblano, pero sobre todo en la zona metropolitana.