Comunidades de Puebla y Tlaxcala que habitan en el margen de los ríos Atoyac y Xochiac, así como 37 organizaciones sociales, pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum declare la Cuenca del Alto Atoyac como una zona de emergencia sanitaria y que incluyan a las comunidades afectadas y a expertos en la materia en la elaboración del proyecto para su saneamiento.
La petición fue resultado del Foro “Cuenca del Alto Atoyac: voces comunitarias sobre la devastación socioambiental, hallazgos de proyectos de investigación e incidencia del Conahcyt y propuestas para avanzar hacia el saneamiento integral”, que este fin de semana se efectuó en el estado de Tlaxcala.
Los defensores del Atoyac expresaron su optimismo al referir que hay “luces de esperanza” con el gobierno de Sheinbaum, tras anunciar que, entre uno de sus 100 compromisos de gobierno, integró el saneamiento de los ríos más contaminados del país, entre ellos el Lerma, Atoyac y Tula.
Mientras que a las nuevas autoridades comunitarias, municipales, estatales y federales pidieron que reconozcan, más allá del discurso, que la Cuenca del Alto Atoyac es una Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental, y de acuerdo a sus competencias realicen las acciones integrales conducentes a su restauración para frenar el impacto en la salud .
A las autoridades estatales, también solicitaron que “dejen de impulsar una política de atracción de más industrias sin antes fortalecer los mecanismos para el control de la emisión de tóxicos; y que dejen de construir plantas de tratamiento, ya que ello no servirá si las industrias siguen arrojando sus aguas tóxicas, y aun cuando se lograra la tecnología adecuada, tratar el agua se convertiría en un subsidio más para ellas”.
Específicamente, al gobierno de Claudia Sheinbaum, demandaron que explique su propuesta para limpiar el río Atoyac y que inicien un diálogo con presencia de las comunidades afectadas, mediante el cual se construya un verdadero Plan de saneamiento integral para toda la Cuenca del Alto Atoyac teniendo como centro la regulación de las emisiones tóxicas de las industrias; así mismo se requiere el fortalecimiento del Plan de Salud integral para atender a las personas afectadas por las enfermedades crónicas no transmisibles.
Asimismo, las comunidades y organizaciones solicitaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que expliquen a los habitantes de la Cuenca del Alto Atoyac, las razones por las que se han dado por cumplimentadas las recomendaciones hechas a la Semarnat, Profepa y Cofepris en la recomendación número 10/2017.
“En nuestra vida diaria no observamos que se estén respetando nuestros derechos humanos al medio ambiente sano, a la vida, a la salud, al agua, debido a ello exigimos que se dé continuidad a la recomendación hasta que estos derechos nos sean respetados”, reclamaron.
Hoy la toxicidad en el río es más contundente
En julio de 2011, integrantes de la Coordinadora por un Atoyac con Vida y del Centro Fray Julián Garcés presentaron una queja ante la CNDH, por la violación a nuestros derechos humanos a un medio ambiente sano, saneamiento del agua y acceso a la información, en relación con la contaminación de los ríos Atoyac, Xochiac y sus afluentes; en agravio de quienes habitan y transitan en los municipios de San Martín Texmelucan y Huejotzinco, en el estado de Puebla; y en los municipios de Tepetitla de Lardizábal, Nativitas e Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, en el estado de Tlaxcala.
Luego de seis años de gestión de la queja, la CNDH emitió la recomendación 10/2017, en la que se reconoció que “existe un nexo causal entre la contaminación de los ríos, la falta de saneamiento de las aguas residuales municipales e industriales y la incidencia de enfermedades crónico degenerativas en la población”.
A las autoridades responsables de garantizar los derechos humanos en la Cuenca del Alto Atoyac, el organismo recomendó elaborar un Programa Integral de Saneamiento para atender la problemática en toda su complejidad en el estado y en la Cuenca.
A más de siete años de emitida la recomendación, las comunidades y organizaciones señalaron que los datos respecto a la presencia de sustancias tóxicas presentes en la Cuenca del Alto Atoyac son más contundentes que en 2011, cuando presentaron la queja.
Expusieron que esto ha quedado demostrado en los resultados de los diferentes Proyectos de Investigación e Incidencia de los Programas Nacionales Estratégicos del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), desarrollados durante los últimos tres años en la Cuenca.
Informaron que ahora se sabe que están presentes las siguientes sustancias tóxicas: Metales pesados y químicos tóxicos como mercurio, níquel, plomo, cianuro, arsénico, cobre, cromo, cadmio, zinc, compuestos orgánicos volátiles (tolueno, dibromoclorometano, cloroformo, cloruro de vinilo, cloruro de metilo, fenoles, compuestos de benceno y xilenos), nitritos, nitratos, fosfatos y sólidos suspendidos, entre otros.
Además, agregaron de la presencia de nitrógeno debido al uso excesivo de fertilizantes, detergentes, y a procesos de descargas industriales que no se encuentran regulados por ninguna norma mexicana.
Por lo tanto, determinaron que la actual Norma Oficial Mexicana 001-Semarnat-2021 es todavía insuficiente para los niveles actuales de contaminación en la Cuenca, pues únicamente contempla 22 parámetros mientras que 81 contaminantes no están sujetos a ninguna norma ambiental.
Acciones del gobierno no tuvieron impacto
De acuerdo a la información de los monitoreos realizados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de 2012 a 2022, analizada por la maestra Inés Navarro del Instituto de Ingeniería y el doctor Omar Arellano Aguilar, de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, ambos de la UNAM, muestran que los datos de la contaminación mantienen el mismo comportamiento en todo ese periodo.
Es decir, explicaron que “las acciones de saneamiento realizadas por los gobiernos federal y estatales en la Cuenca no han tenido un impacto sustancial en la situación de contaminación de los ríos Atoyac y Zahuapan, y sus efectos sobre la salud”, pues refirieron que hasta la fecha se mantienen los mismos patrones de contaminación y de dilución de contaminantes.
“Esto quiere decir que las inversiones millonarias hechas por los gobiernos en plantas de tratamiento y otras infraestructuras para el saneamiento no reflejan resultados ni siquiera en los monitoreos realizados por el mismo gobierno federal a través de la Conagua”, afirmaron.
Como ejemplo, citaron que el pasado 13 de junio en el río Xochiac, poco antes de unirse al Atoyac, encontrando que a 20 metros del cauce del afluente, junto al camino y en las tierras de siembra, las personas están expuestas de manera constante a una emanación de entre 366 y 416 ppm (partes por millón) de Cloruro de Vinilo dispersado por los vientos, cuando el límite máximo permitido de exposición en una jornada laboral de 8 horas (40 horas a la semana) es de 1 ppm, de acuerdo a la Agencia para Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades de los Estados Unidos.
Lo anterior, señalaron, es una muestra del riesgo de sufrir afectaciones a nuestra salud por enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a la contaminación industrial, al que las y los habitantes de la Cuenca del Alto Atoyac estamos expuestos de manera constante.
Indignante que la CNDH dio por cumplimentado la recomendación
A pesar de que existen datos contundentes sobre la toxicidad generada por las emisiones industriales al agua, al suelo y al aire, reprocharon que “es indignante” que la CNDH haya dado por cumplimentada las recomendaciones a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Argumentaron que “las acciones realizadas por estas instituciones fueron solo de carácter administrativo y sin que las actividades reportadas llevaran siquiera a alcanzar la principal recomendación, para la elaboración e implementación de un Programa integral de restauración ecológica o de saneamiento de la Cuenca del Atoyac”.
Sostuvieron que esto ha generado no sólo que la contaminación se siga agudizando, teniendo graves impactos en la salud como ya se publicó por parte del Conahcyt en el Primer informe estratégico Cuenca del Alto Atoyac (Tlaxcala – Puebla): Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental y recomendaciones para su atención integral, sino que exista una reincidencia en la violación a los derechos humanos de las personas que habitamos en la Cuenca del Alto Atoyac, entre ellos los derechos al medio ambiente sano, a la vida, a la salud, al agua y a su saneamiento.
Hay “luces de esperanza” con Claudia Sheinbaum
Las comunidades y organizaciones externaron que ven “luces de esperanza” en el anuncio que ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien, dentro de sus 100 prioridades, señaló que se limpiarán los tres ríos más contaminados de México “el Lerma Santiago, el Tula y el Atoyac”.
Al respecto señalaron que, para llegar a un Plan de saneamiento integral del río Atoyac y sus afluentes, es necesario formar un grupo de trabajo en el que, para su análisis y diseño, participen las comunidades afectadas, así como los académicos que durante años han estudiado los problemas de contaminación en la Cuenca del Alto Atoyac.
Añadieron que debe tenerse en cuenta que diversas comunidades, organizaciones y personas de la academia, ya han establecido la forma en que quieren que sea restaurada la Cuenca del Alto Atoyac, al referir que dicho programa se encuentra en la Propuesta comunitaria para el saneamiento integral de la Cuenca Atoyac – Zahuapan y la reparación del daño a las comunidades.
Finalmente, consideraron que se deben establecer prioritariamente metas para la restricción y control permanente de la contaminación de las descargas de la industria instalada, ya que sus contaminantes son los precursores del daño a la salud sufrido por la población.
Asimismo, dijeron que es imprescindible que se establezcan metas precisas de reducción tangible y sensible de la contaminación química y bioquímica de los ríos y sus afluentes, de cumplimiento obligatorio para todas las empresas privadas y todas las autoridades de gobierno.
También aseveraron que es necesario que “se prohíba a los municipios existentes en la Cuenca, mediante instrumento jurídico correspondiente, otorgar permisos de descarga al drenaje municipal que no sean de origen doméstico”.
Entre las agrupaciones que respaldan esta postura está el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, la Asamblea Social del Agua (ASA), la Coordinadora por un Atoyac con Vida, la Organización Nacional de Comités de Ordenamiento y Defensa del Territorio (Onodet), así como la Pastoral de Derechos Humanos de la Diócesis de Tlaxcala, Equipo de investigación e incidencia comprometido con las comunidades para la atención a la devastación socioambiental, Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena y el Grupo de Pastoral de la Capilla de la Paz.
