Presen ta JLZ iniciativa para que PPS sean considerados como deuda de gobiernos

El diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Javier López Zavala, presentó una iniciativa ante la Cámara baja del Congreso de la Unión, para que los Proyectos por Prestación de Servicios (PPS) sean consideradas como deuda de los gobiernos que los utilizan y que además el pago de esos créditos no exceda los periodos de las administraciones que los solicitan.

La iniciativa de quien fuera candidato del tricolor a la gubernatura y, por tanto, adversario del actual mandatario estatal, Rafael Moreno Valle Rosas, propone reformar los artículos 115 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Deuda Pública.

En sus planteamientos, López Zavala propone que el “Congreso analizará y aprobará los PPS de manera previa a su licitación por parte del estado, así como incluirá en el Presupuesto de Egresos las asignaciones necesarias para cumplir con las obligaciones que se deriven de estos contratos”.

También propone que el Poder Legislativo “podrá aprobar la afectación de ingresos de los estados y municipios respecto al cumplimiento de las obligaciones que deriven de la contratación de PPS”.

Cabe recordar que se calcula que en tan sólo dos años el gobierno morenovallista ha comprometido por dos decadas recursos por hasta 7 mil millones de pesos, a través de PPS.

El legislador ubicó a Puebla entre los 14 estados que concentran cerca de 96 por ciento de los 95 mil millones de deuda contraída en los últimos cuatro años, junto con Baja California, Coahuila, Chihuahua, Chiapas, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

“El incremento de la deuda subnacional generó que 16 estados registren niveles poco óptimos de deuda, pues ésta representa más de 50 por ciento de las participaciones que reciben a través del ramo 28, rubro que, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue la garantía de más de 80 por ciento de los créditos contratados. En esta situación se encuentran Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas”, expresó el también presidente de la Comisión de Población en la Cámara de Diputados.

Agregó que en los últimos dos meses de 2012 alrededor de 124 municipios de los estados de Chiapas, Guerrero, Jalisco y Querétaro se han declarado en quiebra.   

“Con esta iniciativa proponemos que en el caso de decidirse por el endeudamiento, los Estados tendrán que sujetarse a los lineamientos establecidos en la ley de deuda pública respectiva”, expresó, advirtiendo que el “uso incorrecto de los recursos públicos mina la posibilidad de un futuro con crecimiento y desarrollo para las entidades del país”.

“Algunos gobiernos estatales y municipales han abusado del endeudamiento al realizar obras políticamente rentables, dejando la responsabilidad de la operación, el mantenimiento y el pago de dicha deuda a las siguientes administraciones. Esto ha ocasionado el sobregiro de la capacidad de endeudamiento de los estados y municipios cuando el presupuesto que se destina al pago de los intereses y el capital es tan grande que limita seriamente su operación normal, poniendo en peligro el equilibrio de la tesorería y los servicios públicos que el gobierno está obligado a proporcionar y ha puesto en duda la viabilidad de las autoridades siguientes a los que originalmente contrajeron deuda pública, quienes dedican un monto excesivo de los recursos a pagar, sin poder hacer o construir infraestructura nueva”, explicó.

Distinguió que la incapacidad de los gobiernos locales para atender sus obligaciones crediticias, por lo general ha coincidido con la presencia de cualquiera de los siguientes factores o una combinación de ellos: un desequilibrio de fondos de operación en el que los gastos corrientes exceden significativamente a los ingresos corrientes en un periodo fiscal, amén de la desviación importante y creciente en la recaudación de los ingresos pronosticados.

“Este es el momento de generar el marco legal que haga posible un uso más eficiente, responsable y transparente de los recursos públicos por parte de los funcionarios estatales y municipales, que considere de manera indispensable que la deuda contratada no exceda el periodo de ejercicio del gobierno que la contrata; y por los conceptos y hasta por los fijados anualmente en los respectivos presupuestos”, aseveró López al exponer los motivos de su iniciativa.  

Recalcó que cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indican que entre 2000 y junio de 2012, la deuda de estados y municipios aumentó el doble que sus ingresos, lo que puso a muchos de ellos en riesgo de insolvencia financiera, limitó sus posibilidades de endeudarse para proyectos realmente necesarios y paralizó a algunos por la falta de liquidez ante sus proveedores.

Apuntó que más de 50 por ciento de esos recursos fueron erogados en los últimos cuatro años sin que se conozca a detalle el destino de los mismos, las tasas a las que fueron contraídos cada uno de esos créditos y las razones que justificaron su contratación.

En este periodo, abundó, la deuda subnacional creció de casi 106 mil millones a casi 244 mil millones de pesos, de los cuales más de 27 mil millones corresponden a pasivos contratados por municipios. De los cerca de 138 mil millones de deuda contraída, 42 mil 710 millones fueron contratados entre 2000 y 2008; mientras que 95 mil 278 millones fueron adquiridos entre 2008 y el primer trimestre de 2012. Mientras la deuda subnacional se duplicó, los ingresos estatales crecieron en sólo 57 por ciento, al pasar de 527 mil millones a 829 mil 646 millones de pesos, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.