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Entrega AI 30 mil firmas a SCJN; exigen liberación de presos políticos de Atla

Por : Martín Hernández Alcántara

2012-11-16 04:00:00

Amnistía Internacional (AI) entregó ayer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), un legajo con aproximadamente 30 mil firmas de ciudadanos de 100países exigiendo la libertad de José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, campesinos de Pahuatlán, a quienes la organización considera presos de conciencia, pues están encarcelados desde 2010 debido a que se enfrentaron a un cacique de su región para defender el agua de Atla, su comunidad de origen.

Daniel Zapico, coordinador de movilización e impacto de AI en México, expresó que el caso de ambos campesinos poblanos es un ejemplo de cómo el sistema es utilizado recurrentemente para perseguir a quienes defienden legítimamente sus derechos.

Aniceto Gómez y Agustín Cruz son dos  líderes indígenas que han permanecido casi tres años injustamente encarcelados en una prisión en el municipio de Huauchinango, en el estado de Puebla. AI considera que ambos activistas son inocentes y que el verdadero motivo de su detención fue su legítimo trabajo en defensa del acceso al agua en su comunidad.

“Han pasado casi tres años, y es difícil no perder la esperanza, a veces creemos que aquí no hay justicia, pero luego nos damos cuenta de que mucha gente piensa en nosotros y nos desea la libertad”, afirmó Agustín Cruz a representantes de AI, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, en septiembre pasado, cuando una caravana humanitaria realizó una manifestación pacífica a las afueras del penal de Huauchinango para exigir la liberación de los presos de conciencia.

La organización considera que ambos activistas han sido víctimas de un sistema de justicia que con frecuencia es utilizado para castigar a quienes trabajan por la defensa de los derechos humanos.

“El caso de José Ramón y Pascual muestra algunos de los principales problemas del sistema de procuración de justicia en México. Un sistema que es utilizado recurrente para perseguir a quienes defienden legítimamente sus derechos. Un sistema que niega el derecho a un juicio justo y una defensa adecuada”, afirmó Daniel Zapico, coordinador de Movilización e Impacto de Amnistía Internacional en México.

“Es momento de que las autoridades mexicanas demuestren al mundo que la justicia puede ser más que un sueño en México, reconociendo su error y poniendo inmediatamente en libertad a José Ramón y Pascual, dos personas cuyo único delito fue actuar para convertir en realidad el derecho al agua” agregó Zapico.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación está actualmente estudiando un amparo presentado por los abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en nombre de los dos líderes comunitarios. Amnistía Internacional espera que la Suprema Corte decida de manera pronta sobre este caso, garantizando los derechos de los dos líderes indígenas.

Hace cuatro años, José Ramón y Pascual fueron electos presidente auxiliar y juez menor de paz en Atla, respectivamente, cargos de los que se valieron para distribuir el líquido a más de la mitad de la población, a través de la repartición gratuita de tomas de agua.

Esta acción revirtió el abuso económico al que ha estado sujeta la población por parte de los caciques de Atla, Cristóbal Aparicio y Guillermo Hernández Cruz, quienes controlan el proyecto hídrico de la zona al cobrar hasta 5 mil pesos por toma de agua a cada familia.

En un comparativo con otras comunidades de Pahuatlán el costo por toma de agua no supera los 300 pesos, con pagos anuales de 70 pesos por el servicio.

El 22 de octubre de 2009 Abraham Aparicio –hijo de Cristóbal Aparicio– intentó atropellar a José Ramón y Pascual mientras realizaban sus labores en el campo. Al no culminar su objetivo narró que Aparicio se dio a la fuga abandonando su camioneta en el lugar, que más tarde fue trasladada a la comandancia de Atla.

Un mes después, el padre del agresor, Cristóbal Aparicio, denunció a los dos indígenas por el supuesto robo de su vehículo, por lo que el agente del Ministerio Público consignó la averiguación previa 71/2009/ ERVT/Huau para más tarde ordenar la aprehensión de los acusados; sin embargo, el juicio que se abrió contra estos activistas en ningún momento se hizo en su lengua materna, el náhuatl.

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