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Abogados del Centro de Apoyo al Trabajador huyen de Puebla por amenazas de muerte

Por : Javier Puga Martínez

2012-06-05 04:00:00

Después de 10 años de defender los derechos de los trabajadores en el estado de Puebla, el Centro de Apoyo al Trabajador (CAT) cerró definitivamente sus puertas. Sus abogados, José Enrique Morales Montaño y Blanca Velázquez Díaz, huyeron de la entidad debido a la serie de amenazas contra su vida y a la falta de garantías por parte de los gobiernos estatal y federal para ejercer su trabajo.

El Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales AC (Prodesc), organización de derechos humanos que colaboraba con el CAT, informó que unos 900 obreros que son víctimas de explotación laboral en empresas como Faurecia, Johnson Controls, Flex– N–Gate y el resto de las proveedoras de la armadora Volkswagen se quedaron sin ayuda.

Alejandra Ancheita, directora del Prodesc, lamentó la nula intervención de las autoridades para detener las agresiones y amenazas que padecieron los abogados, especialmente en mayo pasado, así como en diciembre de 2010.

En entrevista, señaló que a pesar de que la vida de Morales Montaño y Velázquez Díaz estaba en riesgo, las medidas cautelares otorgadas a estos abogados fueron retiradas por la Procuraduría General de Justicia, tras considerar que no había ningún riesgo para ellos, y de que esas medidas fueron otorgadas por la Comisión de los Derechos Humanos del estado de Puebla.

Abundó que en la defensa de los derechos laborales el CAT frenó los intereses de la Coparmex y de la CTM con resultados positivos, pero tanto el sindicato patronal como el sindicato priista incrementaron sus señalamientos y hostigamiento contra el Centro de Apoyo al Trabajador, lo que terminó orillando a los abogados a irse de Puebla, ante el temor de un atentado contra su vida.

El jueves el Prodesc presentó una denuncia en la Procuraduría General de Justicia (PGJ) por la desaparición forzada, y las amenazas que recibieron Morales Montaño y Velásquez Díaz.

Esta denuncia se sumó a otra que presentó el Prodesc a finales de 2010, cuando las oficinas del CAT en la capital del estado fueron atacadas. En esa ocasión, fue escrito un mensaje en la pared para Morales Montaño: “usted no sabe con quién está metiendo”.

Desde entonces, abundó Ancheita, los integrantes del Centro de Apoyo al Trabajador fueron asaltados y amenazados cada vez con mayor violencia, por lo que se emprendieron acciones legales en la Procuraduría General de la República, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, así como en la Procuraduría General de Justicia de Puebla, donde se abrió el expediente AP5033/2010/Norte.

 

Defensores de

derechos, vulnerables

 

Sin embargo, no hubo avances sustantivos en esa denuncia desde hace un año y medio a la fecha, comentó la activista quien resaltó que en Puebla las organizaciones defensoras de los derechos humanos y laborales son vulnerables.

“Una de las consecuencias directas del cierre del CAT es que sienta un precedente negativo para todas las organizaciones civiles en Puebla, particularmente para las defensoras de los derechos humanos y laborales, que son las que están en una situación de mayor vulnerabilidad y de indefensión ante la falta de protección y de garantías por parte del gobierno del estado y de la Federación”, expuso.

Agregó que con la salida del CAT serán cientos de trabajadores los que se quedan sin apoyo legal “ante las serias violaciones laborales” cometidas por las proveedoras de autopartes de Volkswagen, como el derecho al pago y salario justo, así como el derecho a la libertado de asociación y al contrato colectivo.

Abundó que el gobierno del estado está privilegiando a las empresas trasnacionales que no respetan la normatividad ni los tratados internacionales en materia de derechos laborales.

Para el Prodesc, las amenazas y hostigamiento en contra de los integrantes del CAT tienen un origen común en la Canacintra y en la CTM.

En julio del año pasado el presidente de Canacintra, Luis Espinosa Rueda, calificó al CAT y a su líder, Blanca Velázquez, de ser una agrupación “que sólo busca desestabilizar a las empresas, sobre todo aquellas de procedencia estadounidense”.

En el mismo tono, el líder de la CTM, el priista Leobardo Soto, señaló el 12 de abril de este año que “en la medida que competa a la central obrera, no se permitirá que el Centro de Apoyo al Trabajador se entrometa en la vida sindical y empresarial del estado con las consecuencias que ello genere”.

“Está muy claro qué tipo de intereses tocó el CAT en su trabajo de defensores de los derechos humanos y laborales, pues enfrentó a las empresas trasnacionales que mantienen en la precariedad y la explotación a los trabajadores de Puebla, y tanto la Canacintra como los sindicatos oficiales lo hicieron evidente”, finalizó.

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