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Primer sentencia contra la trata, importante pero no suficiente

Por: Emilio Muñoz Berruecos

2012-06-20 04:00:00

El 12 de junio del presente año se dio a conocer, a través de los medios de comunicación, la primera sentencia impuesta a Bulmaro Xochicale Gutiérrez y Miguel Ángel Xochicale Hernández, por su responsabilidad en el delito de trata de personas por la explotación sexual de una mujer. Esta sentencia es importante en el sentido de que da vida a una ley aprobada desde el año 2007 por una fuerte exigencia ciudadana. Tuvieron que pasar casi cinco años para que la tipificación del delito de trata de personas en el estado de Tlaxcala tuviera finalmente aplicación, parece que finalmente las instituciones de procuración de justicia asumen la responsabilidad que tienen.

Ahora bien, es cierto que esto representa un avance, pero también lo es que una sentencia resulta insuficiente frente a la grave problemática que vivimos en el estado de Tlaxcala y es insuficiente en razón de lo siguiente:

En el último informe dado a conocer por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, se menciona la existencia de 114 denuncias por trata de personas en lo que va de la presente administración estatal, de las cuales 32 se integraron como averiguaciones previas y 14 tienen autos de formal prisión. Una gran cantidad de las denuncias quedan en el estatus de actas circunstanciadas, lo cual refleja poca eficacia para atender el problema desde el inicio. Tener una sentencia de 114 denuncias no representa ni el uno por ciento y eso es algo preocupante en la entidad.

Por otra parte, el acceso a la justicia es demasiado lento, pues mientras un tratante tarda alrededor de un mes desde que conoce a una mujer hasta el momento en que la explota, las víctimas de este delito tienen que esperar más de año y medio para ver sentenciados a sus tratantes, recordemos que este caso viene de octubre de 2010, todavía en tiempos de la anterior administración gubernamental. Quedan pendientes las sentencias de todas las denuncias que ha recibido la actual administración.

Llama también la atención que se estén anunciando las demandas por extinción de dominio cuando aún falta el reglamento que le permita ser aplicable. En el caso de la sentencia dictada se identifican claramente los lugares de explotación, pero a más de año y medio puede que estos lugares ya hayan cambiado completamente de giro y de administraciones, quizá hasta de dueños. Resulta imprudente dar a conocer públicamente los lugares donde la víctima fue explotada, pues previene a los dueños de los lugares y buscar las artimañas que les permita evadir a la ley.

La insuficiencia de esta sentencia radica también en el enfoque que el gobierno del estado de Tlaxcala le ha dado al combate de este delito, es decir, solamente darle un enfoque persecutorio, dejando de lado la estrategia preventiva. Aún queda pendiente el establecimiento de acciones que den a conocer a las mujeres jóvenes del estado de Tlaxcala el alto riesgo en que se encuentran de ser tratadas y los modos de operar de las redes; acciones y campañas que desincentiven el consumo sexual de mujeres tratadas, pues es un factor que determina la existencia del delito. También se requiere el establecimiento de políticas estatales que deconstruyan las mentalidades masculinas para caminar hacia relaciones democráticas, complementarias y no violentas, que lleven a una cultura masculina que no base su “éxito” en la explotación sexual. DIF estatal, Secretaría de Educación Pública y el Instituto Estatal de la Mujer son los principales responsables del establecimiento de estas políticas públicas, pero hasta la fecha no se observan campañas y acciones que concreten las políticas públicas de prevención establecidas en la Estrategia Estatal aprobada en septiembre de 2011.

Por otra parte, tampoco se han creado y establecido los protocolos de atención y protección de víctimas que puedan ser de fácil acceso a las instituciones públicas que, por su naturaleza, pueden tener contacto directo con las víctimas o familiares, entre estas instituciones están: instancias municipales de la Mujer, Seguridad Pública del municipio, DIF estatal, Instituto Estatal de la Mujer, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud, Comisión Estatal de Derechos Humanos y Procuraduría General de Justicia del Estado.

Sí, la sentencia es importante, pero sigue dejando una gran deuda con los cientos de mujeres que en este mismo instante están siendo explotadas sexualmente en el estado, en el país y más allá de las fronteras, y por supuesto con los familiares de estas víctimas. No hay que echar las campanas al vuelo aún; no, hasta que el número de sentencias sea significativo; hasta que los niños de estas comunidades tan afectadas del sur del estado dejen de aspirar a ser tratantes; hasta que las mujeres tengan condiciones de vida digna y conozcan sus derechos; no, hasta que los autos, cuentas y casas, producto de las explotación sexual de muchas mujeres, sean extinguidas por el gobierno y pasen a manos de quienes con el sufrimiento lo produjeron; no, hasta que los hombres seamos consientes que una sexualidad basada en la explotación y violencia nos convierte en cómplices del delito. Para alcanzar todo esto, se requiere que el gobierno, particularmente las instituciones públicas que componen el Consejo Estatal contra la Trata, apliquen la Estrategia Estatal de forma integral y no aislada.

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