La educación en Tlaxcala: un bastión de violencia económica contra las familias

La crisis es una de las cuestiones que ha sido muy mencionada en los últimos tiempos. Ésta se ha dado en diversos ámbitos y en muchas aristas de nuestras vidas la vivimos. Me parece fundamental que aunque muchos tengamos percepciones distintas acerca de la crisis, finalmente es uno de los aspectos que sentimos y percibimos en la cotidianeidad.

Y es que una de las crisis más fuertes que hemos podido vivir en nuestro país es la económica, en la que las familias terminan sintiendo cómo su poder adquisitivo cada vez disminuye más.

Desde los alimentos, en donde el alza de los precios de los productos de la canasta básica se  convierte en un revés grande para las familias y personas que subsisten con un precario salario mínimo, como el reciente aumento en los productos avícolas; o el pago de servicios básicos en cada uno de los hogares, y, por estas fechas, hay que agregar a todos estos gastos,  los que se tienen que hacer en las escuelas.

Y es que la idea de no más cuotas escolares que se escuchó en las recientes campañas pasadas es sólo demagogia pura, porque la realidad que se vive en muchas de las escuelas de nuestro estado, es la imposición de altas cooperaciones para que los niños y las niñas puedan tener acceso a su educación. Imposición que desgraciadamente es promovida por los directivos de estas instituciones, porque prefieren que de los padres de familia salgan los recursos para solventar algunos gastos, en lugar de hacer labor de gestión.

Además, hay que comprar uniformes, los cuales terminan siendo monopolio de un proveedor para determinadas escuelas, porque no existe libertad de comprarlo donde mejor parezca, en un plan bastante amañado. Y entonces te convierten un consumidor cautivo, con la amenaza de no recibir alumnos y alumnas que no lleven el mismo uniforme –pues dictan dónde, cuándo, cómo y con quién tienen  que comprar-, en un verdadero desplante de inconsciencia ante la situación de crisis económica que se vive en nuestro país y en cada una de las entidades y comunidades que lo integran.

Cabe por tanto preguntarse, si no estamos ante hechos  que violentan a las familias enteras. Aunque los estereotipos siguen muy arraigados en el sentido de ser las mujeres, las madres de familia quienes se hacen cargo de estas cuestiones, en realidad es la economía familiar la que termina siendo dañada, con implicaciones y consecuencias para toda la familia. Si lo pensamos, todos los integrantes de la familia terminan siendo perjudicados por este despliegue de exigencia que se da en algunas escuelas, donde desafortunadamente algunos padres y madres de familia terminan avalando estas posturas.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha recibido ya unas 50 quejas contra la Secretaría de Educación Pública, aunque  ésta en realidad no tiene control alguno sobre las imposiciones que los directivos realizan en cada escuela, donde el nivel de exigencia hace que algunos padres y madres de familia protesten, porque si lo pensamos un momento, éste no es el asunto importante en la educación de nuestros hijos e hijas. ¿No tendríamos que preocuparnos y  ocuparnos más  en el contenido académico que reciben nuestros hijos o en la cobertura del programa escolar anual?

Ante un panorama de este tipo, es imposible no pensar y no ver la violencia económica existente, que si bien es cierto las madres de familia pueden resentir más en un primer momento –por aquello de los estereotipos y de la dependencia económica-, en realidad se convierte en un problema que afecta a las familias completas y que desvía la atención de la parte medular del sistema educativo local y nacional.

Es necesario que la Secretaría de Educación Pública tome cartas en el asunto. La violencia económica que se vive en cada institución educativa a partir de estas exigencias e imposiciones es terrible. Por nuestra parte debemos  alzar nuestras voces  y no permitir más que la violencia institucional  siga funcionando y nos siga golpeando de esta forma. Las instituciones están para servirnos a todos y todas, no para imponernos. Los abusos que se cometen bajo el amparo de este aparato, deben terminarse. No negamos nuestra colaboración como padres y madres, pero sí exigimos que las decisiones se tomen en un ambiente plural y abierto, y que se pongan en la mesa de la discusión los asuntos importantes de la educación de nuestros hijos e hijas.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos también debe actuar ante estas quejas que se le han hecho llegar. La violación a los derechos humanos, a los derechos económicos de estas familias se están violentado de forma clara y es preciso que existan medidas para impedir las exigencias que se dan en las escuelas y, de esta forma, no socavar su bienestar ni su calidad de vida. Porque la educación de nuestros hijos e hijas no depende de un uniforme, hay cuestiones de mayor importancia que deben discutirse si realmente queremos mejorar la situación del sistema educativo en nuestro país y en nuestra entidad.

Observatorio de Violencia de Género y Trata de Personas

Colectivo Mujer y Utopía