La cleptocracia

Así denomina atinadamente, en un artículo reciente, Román Munguía Huato, al verdadero sistema político–económico que se ha instalado desde los años ochenta en el país y que ahora, con la supuesta reforma laboral, se quita la máscara y abiertamente se deja ver tal como es: un sistema de robo y despojo legalizado, en donde quienes ocupan los puestos de gobierno no son sino meros servidores de los intereses del gran capital.  Después de una engañosa estrategia de discrepancias y desacuerdos aparentes, el PRIAN y sus satélites han sacado adelante la reforma laboral que abiertamente contradice el espíritu de la Carta Magna en materia de mantener un equilibrio entre el capital y los trabajadores, para legalizar una mayor explotación de la mano de obra y aumentar la acumulación de capital por parte de las empresas, aún en detrimento de los intereses del propio Estado.

Numerosos analistas críticos han destacado que esta reforma es un verdadero harakiri a la propia nación por varias razones: primero, porque la llamada “flexibilidad” laboral que supuestamente va a generar más facilidades para encontrar empleo, en realidad significa que habrá mayores facilidades para las empresas en cuanto a contratación con bajos salarios, por tiempo determinado, sin ninguna prestación, bajo contratos de prueba, o simplemente como “subcontratación” a agencias de colocación que cobran al trabajador por encontrarle trabajo, y cobran a la empresa por mantener bajo control a los trabajadores eventuales. En pocas palabras, esta flexibilidad significa trabajos más precarios, más inseguros y más mal pagados. Segundo, al dejar intocada la estructura sindical charra, establecida por el PRI en sus anteriores 70 años de gobierno, como herramienta del control político y sindical de los trabajadores, se garantiza la continuidad del corporativismo sindical al servicio del PRIAN; no es casualidad que poco antes de imponer la reforma, los sempiternos líderes del SNTE y del sindicato petrolero se reeligieran una vez más de acuerdo con los viejos métodos del sindicalismo priísta. Además, la cuestión de la transparencia sindical en cuanto a elecciones y manejo de los recursos, sirvió como distractor para desviar la atención de todas las demás medidas que echan por tierra las garantías laborales. Tercero, con el apoyo dado a la “subcontratación”, también se libera de cargas sociales e impositivas a las grandes empresas que ahora pueden evadir sus obligaciones simplemente subcontratando y dejando en manos de pequeñas y dudosas empresas de contratistas que surgen y desaparecen en poco tiempo, el supuesto pago del Seguro Social o del Infonavit, sin mencionar la evasión del pago de impuestos a Hacienda.  Esto incrementará no sólo el déficit de la seguridad social, sino también el déficit fiscal del Estado, ¿y quién tendrá que pagarlo? Gurría ya lo dijo muy claro: los consumidores de bienes pagando un IVA generalizado del 19 por ciento, lujo que se puede permitir un país como México, cuando su nuevo presidente impuesto se llena la boca ofreciendo ayuda a España para sacarla de la crisis.

En definitiva, se trata del establecimiento de una verdadera “cleptocracia”, es decir, una forma de control político y social para apropiarse por todos los medios de los bienes de las mayorías en beneficio de una minoría.