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¿Abrir las universidades públicas sin limitación alguna?

Por: Ramón Beltrán López

2012-06-19 04:00:00

Hay tantas cosas que ya no entiendo, que en ocasiones creo estar regresando a mi adolescencia, a aquella época en que me afanaba cotidianamente en un vano intento por encontrar explicaciones para esta realidad, la que ya nunca he alcanzado a comprender bien a bien, cabalmente, en su justa dimensión. ¿Cómo entender que la realidad es distinta a aquella que me describían los textos escolares, y las palabras, tanto las paternas como las de mis mentores.

Puede ser, claro, y esta es la posibilidad más digna de ser tomada en cuenta, la primera a considerar, que simplemente carezco de las capacidades intelectuales indispensables, mínimas tal vez, para desembrollar nuestra realidad. Para hacerla clara e inteligible, para mí y para todos los demás. Pero también cabe otra, una más, la posibilidad aquella que alguien  ejemplificaba así: si André Breton, máximo exponente del surrealismo francés, hubiera nacido en México, sería solamente un escritor costumbrista. Así de complejo es lo que nos acontece cotidianamente.

¿Cómo entender, por ejemplo, que muchos de mis compañeros, de los contemporáneos en las aulas universitarias, de aquellos, los más radicales, los más extremistas de la izquierda, durante aquella “Guerra Fría” que todos han olvidado o que nadie quiere recordar, aquellos que defendían con ahínco, con fervor inusitado, la “autonomía universitaria”, interpretándola casi como una extraterritorialidad que garantizaba que ni las policías, ni ninguna otra fuerza del Estado, pudiera penetrar en su campus para utilizar la fuerza coercitiva en pos de un  propósito lícito... o ilícito.

Que un policía, o un soldado, o un político en funciones osara pisar el sacrosanto terreno de una universidad pública era un pecado capital que merecía la condena pública y el rechazo unánime –y en ocasiones violento– de la grey estudiantil.

Obviamente que ningún funcionario debería osar, aventurarse a emitir una opinión en relación a las políticas educativas de nuestras instituciones de nivel terciario. Eso era intolerable.

Las universidades, (y los universitarios que se encontraran dentro de ella), estaban cubiertas –teoricamente– con un capelo que las hacía inmunes, invulnerables, sacrosantas. Además, inmaculadas, impolutas.

Las universidades deberían, según entendían ellos, decidir libremente, de manera absolutamente autónoma, no solamente sus planes de estudios, la aplicación de su presupuesto, elegir sus autoridades, garantizar la libertad de cátedra, de expresión, e inclusive pugnar por mantener a las fuerzas del Estado fuera de sus muros.

Muchos de ellos, tal vez los más convencidos, los más extremistas en sus interpretaciones de esa autonomía, militan o simpatizan actualmente con el Partido de la Revolución Democrática y con su candidato a la presidencia de la República. Se autodenominaban entonces, y todavía lo hacen, como “izquierdistas convencidos” (whatever that means).

Sin embargo, ahora, y durante el segundo debate de los cuatro candidatos, hubo uno, Andrés Manuel lópez Obrador, que aseguró que en caso de ser electo presidente abriría las puertas de las universidades, públicas, todavía autónomas, a todo aquel que aspirara a ingresar a ellas, independientemente de sus cualidades, capacidad intelectual, o antecedentes académicos.

Abrirlas a todos, sin excepción.

Y hasta el momento no escuchado a ninguno de aquellos, de los sobrevivientes del 68 y movimientos posteriores, y no me refiero a extremistas tan extremistas como aquel individuo apodado “El Mosh”,  quien fue capaz de paralizar a toda la UNAM, la más importante institución de educación superior del país, mediante el control de un pequeño grupúsculo de extremistas, opuestos a todo y a todos. No, ahora me refiero a aquellos que aún protestan anualmente por los sucesos del 68 y el 71. A aquellos que defendían la autonomía contra Díaz Ordaz y Echeverría.

¿Qué habrían hecho, qué acciones hubieran emprendido, si un candidato o un funcionario se hubiera atrevido a confesar,  palmaria, abiertamente, que pretendía, desde Los Pinos, decidir la política educativa de nivel universitario en todo México? Me lo imagino.

Sin embargo, ahora, y tal vez porque el nopal viejo pierde las espinas, han guardado absoluto silencio. Aunque ello haya significado la intención de ejercer una abierta intromisión en la vida académica de estas instituciones, y que de hacerlo, seguramente  pondría en riesgo la calidad de la educación superior.

Entonces que, ¿autonomía universitaria o sumisión al Poder Ejecutivo?

¿Aunque al hacer lo que propone López Obrador seguramente se pondría en desventaja a sus egresados en la competencia contra los egresados de las instituciones privadas, los cuales ya representan actualmente 50 por ciento de todos los que concluyen la educación de nivel terciario?

¿Aun cuando esto conduciría a hacer más profunda la división clasista, por niveles educativos y económicos; aumentar la diferencia brutal en el ingreso y bloquear las posibilidades de acceso a mejores niveles de bienestar, a aquella “movilidad social” ofrecida por la educción pública, tan en boga hace 40, 50 años?

Los problemas de la educación pública en nuestro país son tan graves, y tienen tan profundas repercusiones en la vida social y política que no se puede permitir que sean abordados con ocurrencias, populistas o electoreras, al estilo foxista.

Para ilustrar lo anterior me permito transcribir unos párrafos que ilustran lo que sucede actualmente  en Brasil, a pesar de que ese país no sufre de la presencia de una Elba Esther, ni de una coordinadora de Trabajadores de la Educación, pero tiene problemas similares: “la divulgación, esta semana, de los resultados consolidados del Examen Nacional de la Enseñanza Media (Enem) en Brasil causó cierto revuelo entre los políticos, especialmente en el estado de Río de Janeiro, que registró uno de los peores desempeños.

Los resultados finales de las pruebas realizadas en 2009 muestran que, entre las escuelas que obtuvieron notas inferiores a 500, en una escala de uno a mil, 97.8 por ciento corresponde a escuelas que integran la red de enseñanza pública de los estados.

En el caso de Río de Janeiro, en una evaluación anterior (el índice de Desarrollo de la Educación Básica –Ideb–, también realizado por el Ministerio de Educación en 2009) ya había obtenido una nota muy baja, de 2.8 puntos en un total de 10.

Con el Enem, la decadencia de la enseñanza pública en el estado fue reiterada: entre las 50 mejores escuelas de Río, 41 son privadas, ocho son dependientes del gobierno federal y sólo una pertenece a la red provincial de enseñanza”.

Tal parece que las acciones de muchos que se autodenominan progresistas, revolucionarios, producen finalmente consecuencias que parecen llevar la intención de perpetuar las diferencias entre los más desposeídos y los más beneficiados por la injusta distribución de la riqueza en Latinoamérica.

Más que progresistas, por sus actos  parecen conservadores.

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