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Fiscalización sin sanción, sólo anécdota

Por: Juan Luis Cruz Pérez

2012-02-20 04:00:00

La fiscalización de la correcta aplicación de los recursos públicos poco ha servido para detener el saqueo de las arcas municipales y estatales. A lo largo de los años, la sociedad no ha visto la aplicación de la justicia en ninguno de los responsables del dispendio y abuso en la aplicación de los fondos públicos.

Año con año, tanto la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) han dado cuenta y documentado de los abusos y excesos cometidos por ediles y gobernadores.

Por ejemplo, en el último sexenio la constante fue la existencia de aviadores en el sector educativo, subejercicio de recursos en seguridad pública y deficiencias en el apartado de salud.

Todas esas anomalías han representado cientos de millones de pesos, ¡sí, cientos!, hasta casi llegar a mil millones de pesos en irregularidades cometidas en una administración estatal.

En el apartado municipal, por ejemplo, han pasado cientos de administraciones municipales, sin exagerar, las cuales han hecho del manejo de las arcas su salvo conducto y efectivos cheques en blanco para asegurar su futuro económico.

Ejemplos de ello hay varios, Calpulalpan y Huamantla, en donde sus autoridades, al menos de los últimos 12 años, han enfrentado problemas para justificar el destino del erario.

Apizaco se suma a la lista, desde la época de Baltazar Maldonado Rosales, edil perredista, en el que sus autoridades municipales han hecho del saqueó de las arcas un fructífero deporte.

Todos los excesos son cometidos en perjuicio de la población; los programas sociales previstos a ejecutar con dichos fondos se han quedado en el olvido, pues de ellos sólo quedan ex autoridades millonarias.

Sin embargo, a pesar de las pruebas presentadas por los entes fiscalizadores en los ámbitos federal y estatal, ninguno de los responsables de esos hechos está sujeto a alguna pena privativa y mucho menos ha sido obligado a restituir lo que en los hechos se robó. Por eso, la fiscalización se ha convertido en un simple garrote político al que algunos abusivos, no abusados, incluso utilizan como promoción política. 

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