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Para instruir a su diputado, ganadores y perdedores (III)

Por: Gustavo Santín

2012-10-08 04:00:00

Cartas a Gracia

 

Manuel Youshimatz Sotomayor director ¿general? (ni siquiera soldado raso) del Instituto Poblano del Deporte (Inpode) sigue sin decir “esta boca es mía”, Gracia, y las noticias oficiales sobre el Maratón Internacional de Puebla 2012 y las carreras de 5K, 10K y 21K que se desarrollarían simultáneamente el domingo 25 de noviembre, continúan brillando por su ausencia. Atinadamente me recuerdas que “en el mes de junio el secretario de Educación señalaba que el mayor presupuesto de la historia para el deporte en el estado había rendido frutos al ir Puebla del lugar 24 del medallero al 12 en la olimpiada nacional”, mientras acotas que “en esos meses, los corredores culturales, recreativos, o sociales como nos distinguen entre los deportistas y atletas, comenzamos el periodo de acondicionamiento de cara al periodo de los grandes maratones en el mundo –agosto a noviembre–”. Producto de su afición por el ejercicio y la vida saludable, me recuerdas que “han promovido el aprovechamiento de espacios dedicados ahora a esta actividad que deleita curiosamente, no solo a quienes la practicamos, sino a quienes de alguna manera, nos acompañan en las cada vez mas frecuentes competencias locales y las cercanas en otras ciudades de la República, y en las que fundamentalmente se promueven los valores éticos, de convivencia e integración humana que muchas políticas publicas mas elaboradas no logran”. Por ello me señalas, que corredores del Jardín del Arte, del Parque Ecológico, de la Laguna de San Baltasar y calles de la ciudad hacen un llamado, “al reconocimiento de esta como una cualidad deportiva que distingue a la sociedad poblana y por ello, al respeto y protección de las actividades que tradicionalmente nos permiten sostenerlo, en particular, la realización de la Maratón internacional de la ciudad de Puebla, para el que ya llevamos varios meses entrenando”, evento esperado por ciudadanas y ciudadanos, niñas y niños de Puebla. Me comentas que los corredores exigen que sin dilación se publique la convocatoria respectiva y es curiosos que señalen, parodiando lo dicho por Alejandro Martí: “Que si Youshimatz no puede, que renuncie.”.

He titulado varias de las cartas que te escribo, bajo la premisa de “Para instruir a su Diputado”, Gracia, pues nada mas y nada menos, por que quienes son literalmente “representantes del pueblo” se consideran a sí mismos señores de horca y cuchillo, poseedores de la verdad omnímoda y hacen lo que les da la gana o dicta la “línea del partido” y olvidan que están ahí, en la Cámara de Diputados, para garantizar los intereses de los mexicanas y mexicanos frente al aparato avasallador del ejecutivo, quien vela por los intereses del gobierno y tiene en el Senado a quienes representan a las entidades. Los servicios transferidos del sector educativo –educación básica– son garantizados financieramente a través del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB). La pregunta de cómo se determina el reparto del monto del Fondo entre las entidades tiene respuesta, para quienes no somos expertos en el tema, en diferentes publicaciones citadas previamente, en las que se señala que a partir de 2008 la distribución se ajusta a “una fórmula y ponderadores” entre los que se encuentran matrícula pública en educación básica, (50 por ciento), rezago en gasto federal por alumno, (20 por ciento) , gasto estatal en educación, (20 por ciento) e índice en calidad educativa que determine la Secretaría ?de Educación, Pública, 10 por ciento. 96 por ciento de los recursos del FAEB se destinan al pago de nómina, cuestiones que los noveles diputados deben conocer cuando se trate de defender los recursos asignados a su entidad.

El reparto de los recursos en cuanto a fórmula resuelve problemas de discrecionalidad en la asignación, Gracia; sin embargo, tirios y troyanos insisten en que son insuficientes, generan asimetrías y transfieren dineros de unas entidades a otras. La formula establece recursos porcentuales crecientes a 10 Estados entre los que se encuentran en orden descendente por el monto que perciben: México, Jalisco, Guanajuato, Puebla, Nuevo León, Chihuahua, Tabasco, Yucatán, Baja California y Chiapas a los que entre 2008 y 2012 se les reasignaron 25, 475, 1 millones de pesos provenientes del resto, 21 entidades, tomando el año 2008, a partir del establecimiento de la fórmula, como base para el cálculo situación que de acuerdo a cálculos de entidades ganadoras, aún no les resarce un gasto por alumno per cápita menor a pesar de las transferencias. Cálculos elaborados Trujillo y Dorantes veracruzanos, demuestran que esta afirmación sería real si el monto asignado a esas entidades se repartiera entre el total de alumnos del Estado sin importar su origen (federalizado mas estatal) que equivaldría a un gasto per cápita para el estado de México de 9 mil 505 mientras que Puebla recibiría un monto de 10 mil 150, Jalisco 115 por ejemplificar a los más bajos mientras que en el otro extremo se ubicarían entidades como Colima (18 mil 135), Baja California Sur (18 mil 778), Campeche (18 mil 414). Un cálculo de los académicos citados tomando en consideración sólo gasto federal versus alumnos del mismo origen muestra un total por alumno diferente: Baja California (25 mil 759), México (24 mil 175), Durango (24 mil 079), Baja California (22 mil 080), mientras que Puebla, antepenúltimo tomando en consideración el total de la matricula se desplazaría considerando alumnos y gasto federal al lugar 22 (14 mil 835).

Pero y si fuese cierto aquello de que cada quien tiene lo que merece, entre las entidades afectadas por la disminución porcentual de sus participaciones con relación al FAEB empieza a tomar importancia la opinión de modificar la fórmula de distribución de los recursos por completo, transformar algunos de los componentes que permitan tratar a los desiguales como tales y beneficiarles con recursos adicionales o bien, Gracia, fortalecer con carácter regularizable, el fondo compensatoria que se ha aprobado en los últimos años y que se entrega a las entidades perdedoras. Los diputados federales tienen la palabra.

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