Autoridades de México incurrieron en irregularidades en la investigación de la masacre de 72 migrantes en 2010 a manos de una organización narcotraficante. La CNDH reporta deficiencias en la identificación de las víctimas.
El organismo reportó que entre las irregularidades cometidas por las autoridades está la falta de preservación de las evidencias en el lugar del crimen, la recolección precipitada de indicios y la mala actuación en torno a los cadáveres; unos dejados a la intemperie y otros enviados a necropsias tardíamente. Hasta ahora 12 de los 72 cuerpos aún no han podido ser identificados.
El reporte que puede ser consultado en la página de CNDH responsabiliza por lo menos a dieciocho funcionarios estatales y siete federales.
El 24 de agosto de 2010, dos días después de la masacre, fueron encontrados 72 migrantes acribillados dentro de un rancho en San Fernando, Tamaulipas cerca de la frontera con Texas. Según dos sobrevivientes y las investigaciones, fueron asesinados por negarse a formar parte del cartel de los Zetas. Luego de la necropsia, uno de los cuerpos fue enviado a Honduras, cuando era un ciudadano brasileño.
En abril de 2011 autoridades encontraron al menos cuarenta fosas clandestinas en San Fernando, donde se encontraron cerca de 200 cuerpos de personas que presuntamente fueron asesinadas por los Zetas.