La Contraloría Interna del Instituto Electoral del Estado (IEE) acumula 42 denuncias contra funcionarios del organismo que se encuentran en etapa de investigación, pese a que algunos expedientes datan de hace tres años, de acuerdo con un informe de esa unidad administrativa.
A eso se suma una resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) del 16 de abril pasado en la que pide al órgano comicial de Puebla investigar y aplicar sanciones contra los funcionarios que tuvieron responsabilidad en el incorrecto resguardo de la bodega central, durante la elección de gobernador de 2018, pero en este caso se desconoce en qué etapa se encuentra.
El contralor Juan Ignacio López Caso aclaró que no inició una investigación ante el llamado del INE, debido a que es uno de los funcionarios implicados en el manejo de la bodega, razón por la cual se encuentra impedido para intervenir.
“De realizarse la investigación procedente por el suscrito o por personal a mi cargo, es decir, por los integrantes del Órgano Interno de Control, se actualizaría un conflicto de interés”, explicó López Caso en el informe que se presentó al Consejo General del IEE en sesión del viernes pasado.
En ese contexto, el representante del Partido Encuentro Solidario (PES), Jorge Luis Blancarte Morales, señaló que el reporte deja ver retrasos en la actuación de la Contraloría Interna que deben explicarse, principalmente en el caso de los nueve expedientes que datan de 2019.
“Es sumamente importante ver las razones por las cuales no han podido terminar de diligenciar esas indagatorias que está realizando la Contraloría desde hace ya tres años y que siguen en etapa de investigación”, manifestó durante la sesión.
En el reporte, se detalló que la Contraloría recibió dos denuncias contra funcionarios en 2020, mientras las 30 restantes se han acumulado en lo que va de este año que coincide con la organización de la elección de presidentes municipales y diputados locales.
De las 30 denuncias de 2021, cinco corresponden a expedientes remitidos por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) en los que se señaló posibles responsabilidades administrativas de funcionarios por omisiones en el trámite de medidas cautelares y denuncias, entre los que destaca el secretario Ejecutivo, César Huerta Méndez.
En el caso de la investigación que requirió el INE en la resolución INE/CG373/2021, ésta se debe a que el instituto nacional corroboró más de 49 ingresos a la bodega central tras las elecciones de 2018, por parte de funcionarios del IEE que omitieron convocar a representantes de partido y consejeros electorales, rompiendo con ello la cadena de custodia de los votos.