La secretaria de la Función Pública (SFP) de Puebla, Amanda Gómez Nava, informó que en 2021 remitió al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para su resolución 26 expedientes contra ex servidores públicos de anteriores administraciones en los que la dependencia a su cargo confirmó desvío de recursos, abuso de funciones, encubrimiento y peculado por un monto de 249 millones 920 mil pesos.
Además, presentó 24 denuncias ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción contra diversos exfuncionarios que incurrieron en hechos posiblemente constitutivos de delitos, principalmente desde las secretarías Salud, Cultura y Educación.
Gómez Nava ofreció las cifras a los integrantes de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado (ASE) del Congreso de Puebla, como parte de la glosa del tercer informe de labores del titular del Poder Ejecutivo local, Luis Miguel Barbosa Huerta.
Explicó que la actuación de la SFP se fundamentó en mil 272 denuncias por actos u omisiones que pudieran vincularse con faltas administrativas cometidas por servidores públicos entre 2016 y 2020.
La secretaria se negó a proporcionar nombres de las personas involucradas en las procedimientos administrativos y denuncias penales, al invocar un artículo de la Ley de Transparencia que le impide dar ese tipo de detalles en el caso de procesos que carezcan de resolución.
Actualmente se tienen abiertos 555 expedientes, expuso Gómez Nava a los diputados, en los que se investigan los hechos denunciados, mientras los 717 expedientes restantes se encuentran cerrados.
Resultado de esas denuncias presentas ante la SFP, dio a conocer que se radicaron 316 procedimientos de responsabilidad administrativa, de los cuales 249 corresponden a faltas administrativas no graves y 67 a faltas administrativas graves.
De los 316 procedimientos, especificó que 231 se encuentran en proceso, 59 fueron resueltos en 2021 y 26 fueron remitidos al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla por tratarse de faltas administrativas graves.
Sobre los procedimientos resueltos, detalló que suman 67, agregando a los de 59 de 2021 ocho de ejercicios anteriores. Del total, en 24 se impusieron destituciones e inhabilitaciones para desempeñar empleos, cargos o comisiones, en 21 se determinó la suspensión del servidor público, en 21 más se absolvió a los involucrados y en un caso se impuso una amonestación pública.