El senador y ex gobernador de Puebla Manuel Bartlett Díaz denunció que la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene en reserva carpetas de investigación de delitos perpetrados en San Martín Texmelucan, lo que obstruye las indagatorias para dar con los responsables del repunte de la violencia que ha generado el robo de combustible en ese municipio.
En un punto de acuerdo que presentó a la Cámara Alta del Congreso de la Unión, el legislador alertó que este mes se han reportado ejecuciones, ataques tumultuarios y retención de policías en esa demarcación, por lo que calificó de inexplicable el actuar de la FGE a cargo de Víctor Antonio Carrancá Bourget.
“Con estos antecedentes de acciones delictivas, esta soberanía solicita al gobierno del estado de Puebla activar las mencionadas carpetas de investigación, para no permitir que estas acciones vayan escalando a un grado mayor en perjuicio de la sociedad, que se encuentra alarmada por los hechos que están sucediendo”, demandó.
San Martín, víctima del efecto “cucaracha”, señala
Manuel Bartlett expuso que la estrategia de combate al robo de hidrocarburos que implementó el gobierno del estado este año bajo el nombre “Puebla Segura” provocó un efecto “cucaracha”, porque trasladó la delincuencia organizada del conocido “Triángulo Rojo”, donde se encuentran municipios como Tecamachalco y Cañada Morelos, a los límites con Tlaxcala y el Estado de México.
Han sido afectados de forma significativa San Martin Texmelucan, localizado a 32 kilómetros de Puebla capital y a 23 de la ciudad de Tlaxcala, así como Xoxtla, Huejotzingo, San Salvador El Verde, San Matías Tlalancaleca y Santa Rita Tlahuapan, por donde atraviesa el ducto de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), ahondó.
El integrante del grupo parlamentario del PT explicó que los grupos criminales se están fusionando con las bandas locales e incorporando a sus actividades a habitantes de las comunidades aledañas, “resultando un binomio con un alto grado de peligrosidad”.
Para dimensionar los niveles de violencia que padece San Martín, Bartlett recordó que la madrugada del 3 de octubre se llevaron a cabo tres ejecuciones, uno de éstas en una de las avenidas principales de la ciudad, mientras las dos restantes sucedieron en las inmediaciones de la colonia La Purísima, donde se concentran los reportes de robo de hidrocarburos.
“Las tres tienen en común la característica de ‘ajuste de cuenta’, práctica común entre las mafias organizadas”, destacó.
Violencia genera incertidumbre y terror entre la población
Además, refirió que el 18 de octubre elementos de la Policía Física de Pemex y de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) fueron retenidos por un grupo de 70 personas, en el momento en que se preparaban para realizar un cateo a una vivienda en La Purísima.
Ante una llamada anónima a la Comisaria Municipal y una movilización importante de las fuerzas municipales y más tarde del apoyo de otras fuerzas policiacas lograron replegar al grupo opositor al cateo y realizar el mismo recuperando con ello siete unidades con reporte de robo y el cierre de una toma clandestina, agregó.
Bartlett aseguró que se trataron de horas de incertidumbre y terror para los vecinos de esa colonia que tiene una población aproximada de doce mil personas y que aloja distintos centros educativos.
El mismo día que se registró el intento de linchamiento en La Purísima, el dirigente de la organización Federación de Comerciantes, Colonos y Campesinos de los Estados de Puebla y Tlaxcala (FECCCEPT), con un grupo aproximado de cuatrocientas personas, acudieron a la zona denominada Valle de Texmelucan a confrontar a la organización Antorcha Campesina con armas blancas y de fuego, abundó el senador.
Aunado a ello, prosiguió, se suman todos los antecedentes de delitos que esas personas ha cometido en agravio a la sociedad, mismos que se han traducido en carpetas de investigación que se encuentran en la fiscalía del estado inexplicablemente en reserva.
Bartlett solicitó al Senado emitir un exhorto al gobierno federal para que refuerce la estrategia de combate al robo de hidrocarburos en San Martin Texmelucan, “con políticas de investigación, de persecución y judiciales, que concluyan con esos ilícitos que vulneran los derechos de las personas, el patrimonio nacional y corrompen el tejido social”.