Rafael Moreno Valle Rosas dejó la gubernatura del estado de Puebla Puebla sin cumplir con la abrogación de la Ley Bala, a la que diversos colectivos achacaron los actos de represión cometidos por los cuerpos policiacos del estado contra pobladores, presidentes auxiliares y comerciantes, a partir de su entrada en vigor el 19 de mayo de 2014.
El diputado de Movimiento Ciudadano (MC) Julián Peña Hidalgo aseguró que el mandatario local nunca tuvo la intención de anular o modificar la normativa que él mismo propuso al Congreso local.
En esa lógica, concluyó que Moreno Valle sugirió la abrogación como parte de una estrategia mediática con la que intentó aminorar la inconformidad social generada por la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, la cual fue consecuencia del abuso de la fuerza pública por parte de la Policía Estatal en una protesta que tuvo lugar en San Bernardino Chalchihuapan el 9 de julio de 2014.
“Lo hizo para quedar bien”, agregó el representante popular de oposición, quien consideró que la administración estatal consiguió con el anuncio de abrogación una “salida fácil” y mediática al problema, pues dos años y medio después la Ley Bala sigue vigente.
Armas de fuego contra manifestantes, la intensión original de la ley
El nombre oficial del ordenamiento es Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla. El mote de Ley Bala lo recibió porque el proyecto original, elaborado en las oficinas de Moreno Valle, facultaba a los cuerpos de seguridad pública a activar armas de fuego en contra de manifestantes.
La censura mediática que recibió la iniciativa dentro y fuera del país, por parte de organizaciones sociales y activistas, obligó al Congreso y al gobierno estatal a mitigar los alcances de dichas disposiciones.
La ley publicada en el Periódico Oficial del Estado el 19 de mayo de 2014 sustituyó las armas de fuego por “armas no letales”, como herramienta para hacer prevalecer el “orden colectivo”. Los uniformados tienen la posibilidad de activarlas para defenderse a sí mismos o a terceros.
Chalchihuapan, Tehuacán y Puebla, focos de represión
Moreno Valle presentó la iniciativa para abrogar el ordenamiento el 22 de julio de 2014, con el fin de que fuera sustituido por uno nuevo que elaboraría el Congreso local, ya que acusó que la ley propuesta por él fue “estigmatizada con temas que, a pesar de no estar incluidos en su texto, han generado una errónea percepción de la misma”.
El documento llegó al Congreso tres días después de que se confirmó la muerte de José Luis Tehuatlie a causa de un paro cardiaco, tras agonizar durante 10 días por la herida en la cabeza que le ocasionó el impacto de un proyectil lanzado por los uniformados.
La violencia en Chalchihuapan no fue el único acto de represión registrado en Puebla tras la aprobación de la Ley Bala. Ocho días antes, el 1 de julio de 2014, el gobierno estatal recurrió al uso de la fuerza pública para dispersar una manifestación de pobladores de la Sierra Negra y Tehuacán realizada en el Centro Integral de Servicios (CIS) de esta última demarcación.
El saldo de esa intervención policiaca fue la detención de seis personas, entre éstas presidentes de juntas auxiliares, así como una treintena de heridos.
Julián Peña agregó un incidente más: el desalojo de comerciantes ambulantes del Centro Histórico a punta de pistola el 22 de julio pasado, que dejó al menos cuatro lesionados por impactos de bala. “La ley no ha servido para limitar el uso de la fuerza pública (…) solo ha legitimado la represión”.