Por 60 años, un periodo mayor a medio siglo, el gobierno de Rafael Moreno Valle entregó la administración del servicio del agua en Puebla a la empresa Concesiones Integrales SA de CV, a pesar de ser una medida anticonstitucional por violentar el acceso a este derecho humano.
Así lo dio a conocer este martes la investigadora del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder) de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) Argelia Arriaga, durante el Contrainforme Ciudadano efectuado este martes en la Aduana Vieja del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades.
Durante su intervención, Argelia Arriaga informó que el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado en Puebla (Soapap) redujo en 161 millones de pesos la deuda que tenía en otras administraciones y pagó créditos fiscales por 925 millones de pesos, lo cual significa que el adeudo actual es de cero pesos.
Incluso, señaló que el ex titular del Soapap Manuel Urquiza Estrada es quien crea el andamiaje jurídico para constituir la empresa Concesiones Integrales, que se queda con la concesión; además autoriza una inversión millonaria y prorroga la vigencia de la concesión de 30 a 60 años.
De paso, indicó que Urquiza aumentó las tarifas del servicio y autorizó la venta por mil 400 millones de pesos venta al Soapap, muy por debajo de su precio.
Por esta razón, Arriaga señaló que la privatización del agua fue el mayor robo del sexenio, parafraseando a Roberto Garduño, investigador y columnista del diario nacional La Jornada.
A pesar de la situación, aseguró que es el momento que la ciudadanía desconoce el contrato que firmó el gobierno del estado, el antiguo Soapap y la empresa privatizadora del servicio.
En diciembre de 2014, la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP) protegió al Soapap para que no entregue los contratos de concesión firmados con la empresa Concesiones Integrales. El argumento fue que existen juicios de amparo de ciudadanos contra la privatización del agua, por lo que supuestamente afectaría los procesos judiciales.
“No tenemos una idea cuál es el contrato, a qué estamos obligados los ciudadanos en este convenio que se firmó en 2013 y que el Congreso del estado aprobó por unanimidad”, informó Arriaga.
A pesar del rechazo generalizado de la población, dijo que los diputados locales argumentaron que el Soapap debía ser privatizado, por los actos de corrupción en el manejo de los recursos.
Sin embargo, la académica expuso que desde su privatización, “el costo–inversión no añade ningún beneficio para la distribución y tratamiento del agua potable en Puebla”.
A cuatro años de proceso, refirió que la población al inicio no entendía qué estaba pasando y cuáles eran las implicaciones, pero destacó que a partir de la información que han publicado algunos periodistas se está conociendo la realidad.
Entre ellos, enumeró que el gobierno de Moreno Valle falsificó información para entregar la administración del agua a particulares, a pesar que el acceso a este servicio es un derecho humano.
A raíz de esta situación, Argelia Arriaga enfatizó que surgió un movimiento ciudadano en Puebla, que a nivel nacional tiene un referente, pues el estado de Puebla es uno de los “laboratorios” para la creación de reformas anti ciudadanas, como resultó la privatización del agua.
Actualmente, la investigadora de la UAP informó que 24 por ciento de los países que decidieron entregar el manejo del servicio a empresas, han revertido la medida y han optado por su remunicipalización.
“Las tendencias que se han venido dando en otros países, incluido Europa, es terminar con la privatización del servicio. Han ido en posición opuesta en 285 ciudades, que representan más de 100 millones de personas”, reveló.
Mientras que los ejemplos más notorios en el país ocurrieron recientemente en el estado de Baja California, apenas el 19 de enero pasado, cuando se abrogó la Ley de Aguas para esta entidad, regresando la administración a las autoridades.