Ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ni el Senado de la República han logrado que el Congreso de Puebla reconozca en su marco normativo los matrimonios entre personas del mismo sexo, pese a que una jurisprudencia advirtió la inconstitucionalidad del Código Civil del estado desde 2015, por no considerar ese derecho.
La condena que la iglesia católica realizó este año contra esa medida hizo que la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), con mayoría en el Poder Legislativo local, corrigiera la apertura que había mostrado en el tema, hasta rechazar cualquier posibilidad de aprobar la reforma pendiente.
El último esfuerzo por reactivar las iniciativas a favor de los matrimonios igualitarios, que se encuentran en la congeladores del Congreso desde enero de 2010 llegó el 30 de noviembre pasado, en voz del diputado de Movimiento Ciudadano Julián Peña Hidalgo, quien presentó un proyecto más en el mismo sentido.
“¿Cuánto dolor, frustración, baja autoestima, estigmatización, discriminación, inseguridad, desconfianza, vergüenza, duda, culpa, aislamiento, sentimientos de inferioridad, desesperación estamos provocando con la falta de este derecho a las personas Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual (LGBTTTI)?”, cuestionó el legislador durante su exposición en tribuna.
Avanzan 14 estados en las reformas
De las 32 entidades federativas del país, en 14 ha avanzado el reconocimiento del matrimonio igualitario, de las cuales en la Ciudad de México, Quintana Roo, Coahuila, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Campeche, Michoacán, Morelos y Colima se puede celebrar esa unión en todo su territorio.
En Guerrero se permite dicho acto civil en algunos municipios, mientras la SCJN ya declaró la inconstitucionalidad de las disposiciones que no admiten esa unión en Nuevo León, Chiapas e Hidalgo, gracias a los amparos promovidos por parejas perjudicadas con la legislación discriminatoria de esos estados.
Puebla forma parte de las 18 entidades federativas que se resisten a hacer cambios en su legislación, pese a que el máximo tribunal de justicia en el país emitió el 13 de junio de 2015 una tesis jurisprudencial que declara inconstitucionales los códigos civiles de aquellos estados donde el matrimonio se entiende como la unión entre un hombre y una mujer.
“Considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación, constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección de la familia como realidad social”, manifestó la SCJN a través de la Primera Sala en la jurisprudencia 43/2015.
A la jurisprudencia de la SCJN se han sumado exhortos del Senado de la República y la CNDH al Congreso de Puebla para que legisle en la materia, para hacer las adecuaciones necesarias a sus ordenamientos para permitirlos.
Cambio de parecer en Acción Nacional
Jorge Aguilar Chedraui, coordinador de la bancada del PAN en el Congreso, confirmó el 24 de junio de 2015 que los diputados iniciarían el análisis de la jurisprudencia de la SCJN en el interior de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia. Aunque no garantizó un voto a favor de la propuesta, dijo que el grupo legislativo de Acción Nacional actuaría de manera respetuosa a la ley durante la revisión del tema.
Poco más de un año después, el 13 de septiembre anterior, Aguilar Chedraui, ya como presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, aclaró que la propuesta es inviable para la ideología de Acción Nacional.
El presidente del Congreso realizó el pronunciamiento tres días después de que el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, y los obispos auxiliares Felipe Pozos y Eugenio Lira Rugarcía, participaran en la “Marcha por la Familia”, que se realizó en el municipio de Puebla como marte de un movimiento nacional.
Medios internacionales de comunicación con El País exhibieron esas manifestaciones como una intromisión de diversos grupos de evangélicos, cristianos y católicos en la vida política del país, las cuales tuvieron como único objetivo frenar la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, que proponía reformar el artículo 4 constitucional para permitir matrimonios entre personas del mismo sexo en todo el país.
En medio de versiones extraoficiales de que Víctor Sánchez Espinosa gestionó con los diputados de Puebla un no al proyecto de Peña, estos lo rechazaron en entrevistas con los medios de comunicación que los cuestionaron del tema, al tiempo de externar su desaprobación hacia la iniciativa del Ejecutivo federal.
La última reforma a favor
Al cierre de 2016, la confrontación sobre el tema amainó luego de que el Vaticano desautorizó públicamente las movilizaciones en contra del reconocimiento del matrimonio homosexual.
En ese contexto, Julián Peña presentó una reforma los artículos 294 bis, 297, 332, 333, 334, 454 y 478 del Código Civil del estado para permitir el matrimonio igualitario como un “contrato civil, por el cual dos personas humanas se unen en sociedad para ayudarse en la lucha por la existencia, contrayendo derechos y obligaciones inherentes al mismo”.
Además, agrega como causa de divorcio “el conato de uno de los conyugues para corromper a los hijos ya sean estos de ambos cónyuges, ya de uno solo, así como la tolerancia en su corrupción”.
En la exposición de motivos de la iniciativa, Peña señaló que la falta de reconocimiento social y jurídico al derecho de las personas LGBTTTI para legitimar la vida en pareja, constituye una agresión a su desarrollo integral, pleno y armónico, ya que la CNDH señala que los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona.