No se puede generalizar que en Tlaxcala hay una crisis en materia de derechos humanos, pero sí la hay en ciertos sectores, como en el de migrantes, en el que el “tema es delicado”, reconoció el ombudsman local Francisco Mixcóatl Antonio.
Lo anterior, al dar a conocer algunos pormenores sobre la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en el caso del supuesto asesinato de un custodio de la empresa Ferrosur en el municipio de Tlaxco, al que las autoridades judiciales han vinculado con un migrante herido de bala el mismo día del homicidio.
Afirmó si la indagación que se realiza sobre este asunto, desprende responsabilidades contra quien resulte, se interpondrá la denuncia correspondiente.
“Estamos en eso –anotó–, desgraciadamente desde octubre del año pasado marcaron un suceso donde un migrante falleció (por herida de bala cuando se encontraba a bordo del tren) y desde esa fecha estamos al pendiente. Sabemos que hay señalamientos de ciertas implicaciones que pudieran constituir en delito”, comentó.
El ombudsman refirió que está por concluir la investigación, pero que la CEDH aún está en espera de algunos informes a fin de fijar una postura jurídica.
Pero a través de la Dirección de Programas y Atención a la Sociedad Civil, la CEDH ha establecido acercamiento con migrantes que pasan por la entidad y en este caso específico con el que se encuentra implicado en los hechos de Tlaxco.
Sobre la situación que se ha tornado en el estado, debido a que Ferrosur reforzó la vigilancia en el tren y ello ha generado un clima de tensión entre custodios y migrantes que usan este medio de transporte para llegar hasta la frontera con Estados Unidos, el ombudsman observó que en este asunto se trata de una empresa privada.
No obstante, afirmó que si derivado de las indagaciones se halla responsabilidad en su contra, interpondrá la denuncia penal correspondiente. “Estamos en espera de reunir todos los elementos para proceder”.
Reiteró su llamado a las autoridades correspondientes para que primero acaten las observaciones de la recomendación general emitida en 2015 a las autoridades, sobre el trato a los derechos humanos de las personas en tránsito.
“Estamos agilizando la investigación para hacer la denuncia”, pero no se harán conjeturas, pues “si de las investigaciones se deduce que hay responsabilidades, ¿contra quién?, no lo sé, nosotros tenemos que interponerla”, asnetó.