La Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre dio a conocer que el secretario General de Gobierno del estado (SGG), Diódoro Carrasco Altamirano, incumplió con los acuerdos pactados con la organización, pues no cambió de penal a Xihuel Sarabia Reyna, y tampoco la Fiscalía General ha revisado cada uno de los expedientes jurídicos de sus cuatro presos políticos.
En rueda de prensa informaron que el 19 de enero los comerciantes mantuvieron una reunión en Casa Aguayo, con la finalidad de dar solución a sus demandas.
Ahí recordaron que el titular de la SSG instruyó a Arturo Cornejo, subsecretario General de Gobierno, que ese mismo día se regresara a Xihuel del penal de mediana seguridad de Tepexi, con régimen de castigo en lugar de reinserción al de la ciudad de Puebla.
Rita Amador López destacó que la causa de la demanda es política, pues llevan un año pidiendo diálogo con el mandatario estatal, pero éste se rehúsa a dialogar con los ambulantes.
Desde entonces señaló que la autoridad inició una serie de operativos violentos de desalojo de los comerciantes de la 28 de Octubre, para desarticular a la organización estatal.
“Ha hecho todo lo posible por embestir con la represión, división y traición al interior de la 28 de Octubre, violando su derecho a organización así como a la manifestación”, reclamó.
Como parte de las peticiones, señaló, está la liberación de los cuatro presos políticos, la cancelación de las órdenes de aprehensión en contra de los vendedores, y la no invasión al mercado Hidalgo por policías, grupos pandilleriles y militares.
Los cuatro presos políticos son: el fundador de la UPVA 28 de Octubre, Rubén Sarabia Sánchez, Simitrio; sus hijos Atl Rubén y Xihuel Sarabia Reyna, y el dirigente comerciante Fernando Alonso Rodríguez.
Mientras que los otros cuatro vendedores perseguidos están amparados para evitar pisar la cárcel. Se trata de la dirigente y esposa de Simitrio, Rita Amador López; la esposa de Xihuel, María de la Luz Gálvez Javier, conocida como Julia, Sergio León López y Silverio Montes Silva, estos dos últimos integrantes de la comisión negociadora con las autoridades.
Los dirigentes reconocieron que la autoridad sólo cumplió con sacar a Simitrio del penal y trasladarlo a un nosocomio de la Secretaría de Salud del estado (Ssa), para efectuarle los estudios de ultrasonido de hígado, tomografía abdominal, placa toraco–pulmonar, y endoscopia para ligar las várices esofágicas.
Sin embargo, refirieron que esto fue ante el temor que el luchador social pudiera fallecer en las mazmorras del estado.
Señalaron que tras la intervención quirúrgica de cuatro várices esofágicas hace dos semanas, Simitrio sigue hospitalizado a pesar que ya fue dado de alta, sin que hasta el momento sepan si regresará al penal de San Miguel.
Refirieron que los médicos que atendieron al comerciante se negaron a entregar el alta médica por escrito, pues arguyeron que el documento se presenta a la Secretaría de Salud y después reciben instrucciones.
“El gobierno mantiene a nuestro compañero en una situación de aislamiento y de indefinición, lo cual es algo muy parecido a una especie de tortura”, reclamaron.
Los comerciantes precisaron que la autoridad ha incumplido con el traslado de Xihuel, que debió efectuarse la semana pasada; mientras que Enrique José Flota Ocampo, fiscal de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, dijo a la organización que nada sabía de los casos y pidió que se le permitiera conocerlos.
Sobre este tema, lamentaron que a más de un año del encarcelamiento de Simitrio y Rubén Sarabia Reyna, el gobierno asevere que no conoce los casos jurídicos, situación que calificaron como una burla.
Al último, anunciaron una marcha para hoy jueves a las 11 horas, que partirá de la calle 16 de Septiembre al Bulevar 5 de Mayo, para después trasladarse a Casa Aguayo, donde están las oficinas de la SGG. Y el martes 2 de febrero efectuarán una segunda movilización que saldrá del mercado Hidalgo al Palacio de Gobernación.
Responsabilizaron al gobierno morenovallista de cualquier represión–agresión policiaca y pandilleril, así como provocación contra los comerciantes de cualquier tipo.