Fuentes oficiales confirmaron que el párroco Ascensión Benítez González fue suspendido algunos días de ofrecer sus servicios religiosos en San Rafael Tlanalapan, hasta en tanto no se logre un acuerdo que garantice la convivencia y la paz en esa junta auxiliar de San Martín Texmelucan, donde la mayoritaria comunidad de católicos pretende expulsar a una minoría de feligreses cristianos.
Las mismas fuentes aseguraron que las 70 familias evangélicas a las que los católicos amagaron con crucificar ya no están escondidas y pueden pasear sin ser agredidos por las calles de San Rafael. No obstante, hay en el sitio al menos tres células de la Policía Estatal para desalentar cualquier intento de violencia.
Agregaron que Benítez González no fue removido de su parroquia, como se dio a conocer en algunos medios, sino que simplemente no encabezará ritos hasta que la situación se normalice. Su lugar en las misas del pueblo será tomado por el vicario episcopal de la zona poniente, Miguel Viveros.
Por la noche, la Secretaría General de Gobierno emitió un boletín en el que señaló que instaló una mesa de diálogo para dar una solución definitiva a la problemática y que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) emitió cinco citatorios de presentación a pobladores de Tlanalapan, como parte de las investigaciones que se efectúan para determinar qué personas hicieron amenazas y agredieron contra los cristianos.
Trascendió que entre los citados está el cura Ascensión Benítez González y el edil auxiliar de San Rafael Tlanalapan, Antonio García, aunque esta información no fue corroborada por la PGJ.
El documento de marras se transcribe íntegro a continuación:
“La Secretaría General de Gobierno informa que esta semana se instalará una mesa de trabajo con funcionarios de esta dependencia y el vicario episcopal de la Zona Poniente, Miguel Viveros, así como el pastor Josué Ovando, con el fin de avanzar en una solución para el conflicto religioso que se registra en la comunidad de San Rafael Tlanalapan.
“La mediación de la Secretaría General de Gobierno buscará que tanto católicos como cristianos lleguen a un acuerdo que permita la convivencia pacífica de ambos credos y vuelva la calma a la comunidad.
“Desde el primer momento en que la Secretaría General de Gobierno tuvo conocimiento de este conflicto, se ha mantenido atenta y con un constante trabajo de diálogo y acercamiento con las partes involucradas, en aras de distender la situación.
“Hasta ahora, la Procuraduría General de Justicia del estado ha girado cinco citatorios a personas involucradas en los delitos de amenazas y agresiones.
“La Secretaría General de Gobierno refrenda su compromiso por salvaguardar el bienestar de los poblanos y ratifica el respeto del gobierno estatal a la libertad de culto, siempre y cuando ésta se lleve a cabo dentro del marco del Estado de Derecho”.
