Los 8 mil 353 internos que purgan sus penas en los 22 centros de readaptación social de Puebla representan un gasto anual de 541 millones 274 mil 400 pesos, lo que significa 45 por ciento del presupuesto anual asignado a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
En entrevista, el director de los penales de la entidad, Roberto Olivares Mojica, reveló que cada preso representa un costo de entre 150 y 180 pesos, que incluye la manutención alimentaria, consumo de energía eléctrica, agua potable, limpieza y el pago de nómina del personal que labora en los centros de readaptación.
De acuerdo con la Ley de Egresos para el estado de Puebla en el ejercicio fiscal 2011, el presupuesto destinado a la Secretaría de Seguridad Pública –a cargo de Ardelio Vargas Fosado– asciende a un mil 197 millones 558 mil 32 pesos diarios; del cual se erogan 45 millones 106 mil 200 pesos mensuales para los gastos que se realizan dentro de los 22 penales de la entidad.
No obstante, en las cárceles poblanas aún persiste el hacinamiento, lo cual ubica a Puebla como la sexta entidad con más población carcelaria permitida por la Secretaría de Seguridad Pública federal. Los primeros lugares son ocupados por el Distrito Federal; estado de México y Baja California, según el último estudio del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados.
Ante ello, el director de los centros de readaptación social del estado, Roberto Olivares Mojica, reveló que los penales con mayor hacinamiento son los ubicados en los municipios de Xicotepec, Ciudad Serdán y Huauchinango, donde se prevé que en los próximos días inicie un proceso de traslado.
Según el estudio del CESOP, cerca de 300 reos de los 981 que están encarcelados por cometer delitos del fuero federal aún no han recibido una sentencia condenatoria o de libertad; mientras el resto –678 personas, 69 por ciento del total–, ya fue sentenciados con penas mayores a los cinco años por cometer delitos en contra de la salud y contra la ley federal de armas.
Asimismo, de los 7 mil 372 internos por delitos relacionados con el fuero común, 33.4 por ciento no ha sido procesado; en tanto, 66.6 por ciento cuenta con una sentencia firme por hechos como asalto a mano armada, fraude, asalto a casa habitación, robo de autopartes y de vehículos.
Finalmente, el estudio refirió que los 22 centros de readaptación social del estado obtuvieron una calificación promedio de 7.6 en la atención a los derechos humanos, que garantizan el desarrollo de actividades productivas y educativas, concretamente en el de programación de actividades diarias para los reos. Esta calificación ubica a la entidad en la primera posición en respetar las garantías individuales, seguida de Chihuahua, Coahuila, Veracruz, Jalisco y Nuevo León
