Por primera vez en la historia del ayuntamiento de Puebla, un proceso de entrega–recepción será llevado a los tribunales, y es que el grupo político de la ex edil Blanca Alcalá Ruiz ha iniciado su estrategia legal consistente en una lluvia de amparos, que en un primer momento buscarán que se declare que el dictamen en cuestión es ilegal por contener documentos falsos, no contabilizar con exactitud las cifras de recursos públicos sujetos a observación y no ser resultado de los procedimientos que marcan las normas.
Entre el jueves y el viernes pasados, regidores y funcionarios de la Comuna empezaron a recibir la notificación del proceso iniciado en el Juzgado Octavo de distrito, bajo el proceso 878/2011, mediante el cual el solicitante del amparo le pide al juez de la causa que solicite al ayuntamiento la entrega de toda la documentación del proceso de entrega–recepción para determinar si éste se apega a la legalidad.
El primer recurso fue promovido por Eric Ramos Soriano, quien fuera directivo del área de Recursos Humanos de la Comuna en el trienio pasado y quien mediante el juicio de amparo busca la protección de la justicia federal para no comparecer ante el cabildo de Puebla y responder a observaciones que hay en su contra, bajo el argumento de que el dictamen del proceso de entrega–recepción es ilegal.
Se sabe que en total serán ocho los funcionarios de la anterior administración los que solicitarán un amparo contra el dictamen de entrega–recepción, algo que nunca antes había ocurrido, ya que en el pasado nunca se objetó la elaboración de dicho proceso y ex funcionarios únicamente se defendían hasta que eran sujetos de una acusación penal o de un intento de ser inhabilitado del servicio público.
Los argumentos con que ex funcionarios de la gestión de Blanca Alcalá combatirán el dictamen en cuestión son los siguientes:
1. El documento final de entrega–recepción –mismo que fue aprobado en cabildo el 1 de junio– es ilegal por contener documentos falsos, pues en una parte del dictamen cuando se dio a conocer la noche del 22 de mayo, se decía que se habían encontrado supuestas anomalías por 453 millones de pesos y después, se habría extraído el anexo donde se mencionaba esa cifra y se incorporó uno nuevo, el cual indica que solamente se hicieron observaciones por 4.5 millones de pesos.
Esa falsificación fue burda, ya que en el documento original, en el que se mencionaba los 453 millones de pesos, las firmas de los regidores que avalaban el contenido aparecen en la parte inferior del mismo, y en el nuevo papel, en el cual se indica que solamente había observaciones por 4.5 millones, las rúbricas se encuentran en el margen de derecho.
Los funcionarios de la administración de Alcalá argumentarán que la falsificación de esa parte del dictamen acaba dándole un carácter ilegal a todo el documento final, por lo que no puede ser aceptado su contenido ni causar efectos legales.
2. El procedimiento para elaborar el dictamen de entrega–recepción marca que cuando se detecte algo irregular, se debe de elaborar “documentos de trabajo” que sirvan para valorar si lo descubierto debe ser incluido en el dictamen final, y de esa forma, determinar si tiene que ser sujeto a una observación.
La estrategia legal que seguirán el grupo de Blanca Alcalá es que el juez pida toda la documentación del Proceso de entrega–recepción, que va desde la contratación del despacho Maldonado–Santillana –que fue el encargado de elaborar el dictamen– hasta el acta de cabildo en donde aceptó el documento final, con el propósito de demostrar que nunca se elaboraron los llamados “documentos de trabajo”.
Esto es que nunca se hicieron bitácoras, no se investigaron las supuestas anomalías y que nunca se estableció una metodología para determinar el contenido final del proceso de entrega–recepción.
Dicho de otra manera, que el dictamen está mal hecho y por tanto no pueden ser tomadas en serio las observaciones que hace, las cuales en un primer momento eran de mil 984 millones de pesos, y que después se redujo a menos de la mitad, a 700 millones de pesos.
3. En el dictamen el regidor panista–perredista Arturo Loyola hace 14 observaciones a las finanzas que entregó el gobierno de Blanca Alcalá, pero nunca hace la cuantía de a cuánto ascienden, por lo que los promotores de los amparos argumentarán que esas observaciones no pueden ser tomadas en cuenta.
La solicitud del juicio de amparo de Eric Ramos Soriano es apenas el inicio de la estrategia legal de la gente de Blanca Alcalá. Sin embargo, es fundamental preguntarse: ¿cuál podría ser el efecto en caso de que obtengan un fallo a favor de la justicia federal? Tal parece que una de las posibilidades es la siguiente:
Que la justicia federal pudiera obligar al ayuntamiento de Puebla a reparar el procedimiento. Es decir, a volver a repetir el dictamen y que ahora si se ajuste a procedimientos, a cifras exactas y que no se falsifiquen documentos.
Si algo así pasara, la justicia federal pondría en evidencia que el ayuntamiento, en lugar de haber hecho una revisión correcta del estado en que encontró la administración municipal, habría buscado manipular la información para lucrar políticamente e intentar desatar una campaña mediática contra Blanca Alcalá.
Bueno de hecho esa actitud del gobierno de Eduardo Rivera ya se puso en evidencia y en el proceso de entrega–recepción “el tiro le está saliendo por la culata”.
¿Qué quiso decir Lydia Cacho?
Ayer en su cuenta de Twitter la periodista Lydia Cacho escribió:
“Me cuenta una fuente seria que ayer consolidaron expediente penal de Marin #goberprecioso. Ver para creer”.
¿Qué significa eso?, ¿qué ahora sí la PGR va a proceder contra el ex gobernador por el llamado Lydiagate?, ¿qué es parte de la estrategia de rumores que han salido desde el ámbito federal contra ex mandatarios priistas?
Se intentó contactar a la periodista, pero no quiso responder qué significaba esa aseveración. Tal vez ella misma ayer por la noche tenía claridad de lo ocurrido.
