Ayer el regidor del PAN–PRD en el cabildo de Puebla, Arturo Loyola, afirmó que la administración de Blanca Alcalá Ruiz cometió “lavado de dinero público” con la entrega de contratos a despachos de asesorías que “pertenecen a amigos y familiares”. A pesar de la gravedad de esta acusación, el representante popular no presentó pruebas para sostener su dicho y se reservó el derecho a presentar una denuncia ante las instancias federales.
Lo cierto es que el proceso de entrega–recepción en el ayuntamiento de la capital estatal ha sido confuso y desaseado gracias a la serie de inconsistencias y errores, lo cual no ha quedado sólo en el desconcierto ciudadano, sino que se incurre en absurdos como el cometido por Loyola, quien hace acusaciones de enorme peso sin presentar pruebas.
La situación que prevalece es tan grave que todo ha ido reduciéndose a un enorme galimatías, el cual empezó con las acusaciones de anomalías en la pasada administración por mil 980 millones de pesos, luego con declaraciones acerca de que 700 millones ya habían sido sustentados y por último a la aseveración de que la ejecución del resto de los recursos debe ser investigado por el Órgano de Fiscalización Superior, lo cual ha dejado el estado de cosas en la plena incomprensión.
Da la impresión de que el proceso ha sido llevado sin el mínimo rigor, pero, lo más grave, es que ni siquiera parece haber sustento a las acusaciones.
En todo esto la Comuna no sólo siembra la desconfianza en la ciudadanía, sino que exhibe falta de capacidad y hasta posibles responsabilidades legales en su actuar, pues no ha dado muestras fehacientes de tener un trabajo de fiscalización eficiente y ordenado.
