La situación de los defraudados de la Caja Bienestar Social La Paz, que agrupa a unos 2 mil perjudicados, podría cambiar en los primeros 100 días de la administración de Rafael Moreno Valle: el gobernador electo comprometió el pago de 20 millones de pesos para quienes fueron timados en este negocio.
Así lo dio a conocer Rafael Ramírez, representante de los defraudados, quien agregó que este dinero se sumará a otros 50 millones de pesos que ya aportó el programa federal para recuperación de bienes en casos fraudulentos como este, Fipago, recursos que podrían comenzar a pagarse en los primeros días de la siguiente gobierno estatal.
Ramírez reconoció que si bien no se soluciona todo el problema porque no se está pagando la totalidad del dinero robado, al menos se repara en parte y las personas podrán tener algo de su patrimonio de vuelta, sobre todo, porque se trata de pensionados, jubilados y trabajadores por cuenta propia ya que en la mayoría de los casos era el ahorro de toda una vida.
Silvia Sánchez y sus cómplices que cometieron el fraude en la caja de ahorro desaparecieron 330 millones de pesos, aseguró el representante quien agregó que existen mil 300 denuncias contra los responsables, aunque en el municipio de Tetela de Ocampo no pudieron ser abiertas otras 500 debido al particular sistema de cobro de la caja en ese lugar.
Por otra parte señaló que la Fiscalía de Delitos Financieros de la Procuraduría General de la República (PGR) está amedrentando a los defraudados de esta caja, pues está pidiendo la comparecencia de los defraudados en la ciudad de México, en vez de investigar a los defraudadores y la forma en que estos operaron, así como el destino final y la recuperación de todo ese dinero.
Indicó que se está pidiendo la presencia en esa fiscalía de los ahorradores que ingresaron a ese negocio más de un millón de pesos, “cuando no es posible que la PGR no Hacienda no se diera cuenta de los depósitos millonarios que Silvia Sánchez realizó en los bancos”.
Pidió que el próximo gobierno estatal ponga fin al crecimiento desmedido de cajas populares y de empeño; de las primeras existen unas 70 operando sin ningún problema en la entidad, mientras que de las segundas han crecido en 200 por ciento en los últimos años.
