La línea de crédito por 2 mil 500 millones de pesos que solicitó el gobernador Mario Marín Torres para el arranque de la administración de Rafael Moreno Valle Rosas se utilizará en inversión pública, precisó el director de Deuda Pública de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), José Antonio Cué Rivas.
Al comparecer ante la Comisión de Hacienda Pública y Patrimonio Estatal y Municipal del Poder Legislativo el viernes pasado, detalló que los proyectos que se costearán con el préstamo serán definidos por el mandatario electo cuando asuma el cargo.
Se espera que la solicitud de línea de crédito sea aprobada este día en la Comisión de Hacienda Pública y que el pleno del Congreso la avale por mayoría de votos en la última sesión de la LVII Legislatura del martes próximo.
En entrevista con los medios de comunicación, el funcionario estatal no precisó el uso que la administración morenovallista dará a los recursos, los cuales podrían ejercerse a partir del 1 de febrero siguiente.
La ley faculta a los gobiernos para destinar el dinero de un crédito a obra pública y proyectos productivos y le impide aplicarlos en gasto corriente, que corresponde a todas las erogaciones necesarias para la operación del aparato administrativo, se limitó a informar.
José Antonio Cué rechazó que Puebla sea uno de los estados más endeudados del país, como reveló un periódico de circulación nacional en semanas pasadas, al tiempo de garantizar que las finanzas del estado pueden soportar otra línea de crédito.
Sostuvo que la deuda directa de la entidad asciende a 5 mil 800 millones de pesos, monto que consideró bajo en comparación con los pasivos que registran las haciendas de otros estados de la República.
En otro tema, la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales avaló por unanimidad la reforma al Código de Procedimientos Penales para el estado que impulsó la diputada priista Rocío García Olmedo.
El proyecto aclara el proceso a seguir para hacer valer el derecho de una mujer a abortar en caso de que el embarazo sea producto de una violación y éste no supere las 12 semanas.