Tras confirmar su nombramiento como coordinador de la nueva bancada del PAN, Mario Riestra Piña informó que las negociaciones sobre la conformación del Congreso del estado reportan un avance de 85 por ciento, pues se han repartido los cargos de presidente y secretario de las comisiones generales, además de que se integró a la Gran Comisión.
Versiones extraoficiales indicaron que las negociaciones se mantienen atoradas en la designación del presidente de la Gran Comisión y los titulares de la Secretaría General y las cuatro direcciones generales: de Apoyo Parlamentario, de Asuntos Jurídicos, de Comunicación Social y de Coordinación Administrativa.
El PAN impulsa una propuesta para la Gran Comisión que consiste en que el primer y tercer año de la LVIII Legislatura local dicho órgano de gobierno sea presidido por un diputado albiazul. El segundo año el cargo sería encabezado por un representante popular del PRI.
En rueda de prensa, a la que asistieron el dirigente estatal del PAN, Juan Carlos Mondragón; la coordinadora nacional de los diputados locales del blanquiazul, Laura Rojas Hernández, y los 12 legisladores electos del partido, Mario Riestra se rehusó a precisar el nombre de los representantes populares que fungirán como presidentes y secretarios de las comisiones del Poder Legislativo en las que ya se logró consenso.
Mondragón justificó el silencio al señalar que los acuerdos podrían modificarse antes de que los diputados electos inicien funciones el 15 de enero próximo, por lo que sería arriesgado proporcionar nombres.
Riestra precisó que la bancada panista contará con dos vicecoordinadores y un tesorero. Los vicecoordinadores son Juan Carlos Espina von Roehrich y Jesús Zaldívar Benavides. La Tesorería se entregó a Miriam Galindo Petriz, puntualizó.
En la mira
Mario Riestra confirmó que entre las primeras acciones que impulsará la bancada se incluye una reforma electoral que podría modernizar al Instituto Electoral del Estado (IEE) e incluso hacerlo desaparecer para crear “un nuevo ente”.
La reforma, aseguró, buscaría dotar de mayor autonomía al instituto electoral y garantizar que sus integrantes representen los intereses de la ciudadanía y no de los partidos políticos.
