A partir de hoy iniciará la aplicación de los lineamientos sobre la venta de comida chatarra en las escuelas de educación básica de todo el país. Sin embargo, en Puebla, ni la Secretaría de Educación Pública ni la de Salud locales han precisado cuáles son las medidas que tomarán para que se aplique este plan nacional para disminuir el sobrepeso y la obesidad infantil.
Cuando la iniciativa de combatir el consumo de comida poco o nada nutritiva fue planteada, sorprendió gratamente a muchos sectores sociales. Empero, su instrumentación ha dejado más decepciones que satisfacciones, pues se suponía que la cruzada oficial tenía como propósito erradicar definitivamente y para siempre la venta de comida chatarra en los expendios escolares.
Sin embargo, gracias a coacciones o por la vía de presiones, las poderosas empresas del ramo que serían afectadas con la medida hicieron todo lo que estuvo a su alcance para permanecer vigentes en un mercado cautivo que les significa millones de pesos mensuales y lo lograron, pues se dieron a la tarea de hacer adecuaciones para reducir el tamaño de las raciones que ofrecen a los estudiantes, pero no variaron en casi nada la sustancia dañina de sus productos.
Otra es la responsabilidad que tienen los directivos, maestros y los propios regentes de las cooperativas y dueños de las tiendas escolares, quienes por ley y de facto tienen atribuciones para vetar el expendio de productos que son seguramente nocivos para la salud de los infantes y jóvenes, pero que han renunciado a proteger a sus alumnos y clientes por un afán de lucro, por las presiones y hasta por ignorancia.
Mientras no se tomen medidas serias y firmes contra los fabricantes de comida chatarra, cualquier medida o ley va a quedar sumamente corta.
