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Jueves, 6 de enero 2011
La Jornada de Oriente - Puebla - Política
 
 

Por tercera vez, la CAIP ordena a la SFA publicar contrato del gobierno con Coofia

 
ARTURO ALFARO GALÁN

Por tercera ocasión, integrantes de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), ordenaron –por mayoría de votos– a la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) de Puebla entregar una copia del convenio que se estableció entre el gobierno estatal y la fraudulenta Financiera Coofía, mediante el cual diversos trabajadores solicitaron préstamos y realizaron pagos.

De lo contrario, iniciarán una queja ante la Secretaría de Desarrollo Evaluación y Control de la Administración Pública (Sedecap) por la responsabilidad administrativa de entorpecer el flujo de información pública entre los ciudadanos, afirmó la comisionada Lilia Vélez Iglesias durante su última sesión en el pleno de la CAIP.

El resultado –cuyo único voto en abstención fue el del presidente del organismo, Samuel Rangel Rodríguez– refrenda la resolución del pasado 12 de agosto en la que se ordenó, por primera vez, hacer público el contrato que se suscribió con la financiera que cometió fraude contra más de 2 mil 300 familias.

Ayer, la comisionada Lilia Vélez, ponente del expediente 10/SFA–03/2010, indicó que el organismo ha solicitado a la dependencia que encabeza Gerardo Pérez Salazar entregue una versión pública del documento que permitía, entre otras cosas, que los burócratas recibieran préstamos de Coofía que se cobraban con descuentos de la nómina.

Incluso, en la sesión de la CAIP se reveló que existe un convenio para mantener en secreto por siete años los acuerdos entre el gobierno estatal y Financiera Coofia, por lo que será hasta enero de 2017 cuando se pueda acceder a la información; no obstante, el convenio deberá ser revocado para mostrar una versión pública del expediente, pues consiste en un derecho fundamental de acceso a la información, según las comisionadas Blanca Lilia Ibarra y Lilia Vélez.

La información reservada se centra principalmente en la relativa a los datos personales de los trabajadores que solicitaron préstamos económicos, montos totales, mandatos de documentos firmados, recibos, facturas, y las cantidades concentradas en la cuenta financiera de la SFA.

Según Pérez Salazar, al hacer pública la relación del gobierno con Coofía, se comprometería “la gobernabilidad democrática y la seguridad del estado”; empero en el recurso de revisión se concluyó que tales argumentos son falsos y tampoco entorpecería las investigaciones respectivas; al contrario se daría seguridad y confianza a la ciudadanía por lo que la CAIP ordenó a Finanzas entregar una versión pública.

 
 
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