La diputada priista Rocío García Olmedo propuso reformas al Código de Defensa Social del estado para permitir a las mujeres suspender el embarazo cuando éste ponga en riesgo su salud y no sólo su vida.
Además, la iniciativa propone corregir el vacío jurídico que existe en el código actual sobre el procedimiento que debe de seguir el Ministerio Público para autorizar la interrupción del embarazo en caso de violación.
La propuesta, que se presentó al Congreso estatal a escasas semanas de que concluya la Legislatura, se turnó a la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales para su discusión.
García Olmedo, principal impulsora de la reforma constitucional que le dio a Puebla la característica de Estado laico y una de las defensoras más férreas de los derechos del género femenino, señaló que la protección de la vida en gestación no debe traducirse en una limitación desproporcionada de las libertades de la mujer gestante.
Actualmente, explicó, el Código de Defensa Social permite la interrupción del embarazo cuando la mujer embarazada corre peligro de muerte, con lo que se subestima un aspecto primordial como lo es la conservación de la salud.
“Aun cuando la mujer no muera su salud puede sufrir serios daños que reduzcan sus expectativas de vida o la coloquen en grave situación de desventaja, por lo que se debe defender su derecho a la salud, a la integridad y a la seguridad”, planteó.
La reforma consiste en modificar la fracción III del artículo 343 del Código de Defensa Social para establecer que la suspensión del embarazo no es sancionable “cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de afectación grave a su salud, a juicio del médico que la asista”.
