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Lunes, 13 de diciembre de 2010
La Jornada de Oriente - Puebla -
 
 

 SOLO PARA ABOGADOS  

Iatrogenia jurídica

 
Carlos Meza Viveros

Para la Sra. María Elena García de Canaán por su pronto restablecimiento. 

La iatrogenia es toda alteración negativa en el cuerpo humano producida por la inexperiencia, impericia, negligencia o torpeza  del médico tratante.

He dado título a esta entrega en “Solo para abogados” para narrar un acontecimiento de tantos que vemos en la vida diaria de la noble actividad del abogado postulante y en la que una vez más insistimos en la creación de la ley de profesiones, tan temida por los sedicentes profesionales o por quienes se ostentan como tales mediante títulos apócrifos, con independencia de aquellos que teniéndolos, carecen de la pericia, capacidad y experiencia necesarias para ejercerla de manera ética en favor de su cliente incluyendo a quienes pomposamente exigen se les llame “maestros” o doctores” por haber adquirido el post grado respectivo, pero que su capacidad se evidencia una vez que tiene que hacer frente a un caso sometido a sus servicios profesionales y que de manera más que inmoral acepta sin tener los mínimos conocimientos para darle la solución debida.

En Las Vegas, Nevada, tuvo gran repercusión mediática el caso de una presunta “autoviuda”, quien ante la ineptitud e incapacidad de su defensor solicitó la nulidad del juicio acogiéndose a un derecho que deviene de “la defensa incompetente” y que dio título a un Best Seller cuyo nombre es If I Die... El procedimiento es sumarísimo; se dio vista al defensor, quien aceptó ante el juez y el jurado de manera expresa su incapacidad para defender a su cliente, fueron tan torpes sus argumentos que el juez determinó que no había lugar a declarar nulo el procedimiento y la inculpada tuvo la desgracia de tener que seguir siendo defendida por quien a la postre solo logró librarla de la pena de muerte con una condena a cadena perpetua.

Para nadie es más penoso y produce más angustia y dolor que enfrentar la ignominia de un familiar privado de su libertad, aunque lo que aquí voy a narrar no tenga parangón  con el caso anterior.

Si bien de manera universal el imputado es inocente mientras no se demuestre lo contrario, en nuestro sistema jurídico existen delitos que impiden que el sujeto a proceso obtenga su libertad bajo caución y ser juzgado en libertad.

Me referiré al caso que motiva la presente entrega.

A  casi dos años vista y desesperados por la privación de la libertad del hijo imputado por el delito de contrabando fiscal, los padres de este, recurren a un despacho de “fiscalistas”  quienes ofrecen resolver el asunto de manera inmediata, previo el pago de exorbitantes cantidades y la firma de tres documentos en blanco exigidos como “garantía” a  los clientes, quienes ceden ante la esperanza de ver nuevamente a su familiar en libertad.

Promociones frívolas, improcedentes, recursos innecesarios, expresión de agravios inoperantes, amparos inconducentes  se sucedieron una y otra vez sin resultado alguno. El “paciente”  hoy en día sigue privado de su libertad.

La solución estaba a la vista, pero la  miopía jurídica de los “fiscalistas” les impidió advertirla. La prescripción del delito operaba en favor del inculpado, tal y como lo prevé el artículo 100 del Código Fiscal de la Federación, lo que también paso inadvertido por el Juez natural, obligado, de oficio a hacerla valer, situación que a guisa de comentarios diré que su mala fama en los menesteres jurídicos es  tan conocida que a nadie le extraña su actitud cotidiana a la hora de justipreciar.

Resulta que el imputado es denunciado por la autoridad fiscal en octubre de 2008 por un delito del que reconoce tuvo conocimiento al tiempo que del “delincuente” en el mes de agosto del mismo año, habiéndose consumado el delito en 2002.

De la lectura del artículo 100 del CFF podemos observar que existen dos hipótesis para que opere la prescripción mismas que pugnan entre sí, la una de tres años a partir de que la autoridad tiene conocimiento del delito y del delincuente y la otra de cinco años con independencia de haberse enterado de lo anterior.

Resulta inconcuso, entonces que desde hace un año nueve meses, los “carniceros jurídicos”, pudieron hacer valer este beneficio en favor de su “paciente” y no lo hicieron.

Fue hasta que los familiares de la victima de la iatrogenia jurídica, cambiaron de abogados y se hizo valer este derecho que pese a lo abundante de sus argumentos el juez del sumario desestimó inexplicablemente con una serie de argumentos que ratificaban una vez más la mala fama que durante muchos años le ha precedido e impedido  obtener un ascenso.

Gracias a la experiencia y capacidad jurídicas del magistrado de apelación, quien declaró fundados los agravios expresados en contra del fallo del juez natural, se ordenó su inmediata libertad, la que aún no obtiene por la torpeza de quienes asumiéndose como expertos en el tema no supieron defender en diverso proceso que de igual manera tasajearon con sus promociones inútiles, al tiempo de improcedentes y que han traído como consecuencia  que el “paciente” siga privado de su libertad a casi dos años vista y dos tristes navidades. Los actuales abogados esperan que muy pronto pueda gozar de sus seres queridos en libertad absoluta.

Es por ello que insistimos en la necesidad de que los legisladores se planteen la posibilidad de presentar una iniciativa de una ley de profesiones que regule las actividades de todos aquellos que se ostentan como profesionales, posgraduados y expertos en materias sin serlo como ocurrió de manera lamentable en el caso que hemos narrado y que mantiene sumidos en el dolor y la tristeza a los hijos, a la esposa, a los padres y los hermanos de la víctima de sujetos sin escrúpulos sin ética y sin moral y que por indecisión de los afectados, por ahora se mantienen impunes.

 

EL TORITO DE LA SEMANA:

De acuerdo al planteamiento del caso que nos ocupa se formulan las siguientes preguntas:

*Siendo como lo es obligación del juez natural haber decretado la prescripción existente sin haberlo hecho y no sólo eso, habiendo sostenido indebidamente su inexistencia, ¿incurre en alguna responsabilidad?

*Siendo ostensible la falta de pericia, la falta de conocimientos jurídicos y la torpeza con la que se condujo la defensa manteniendo privado de la libertad  a su cliente durante casi 2 años, ¿son sujetos de alguna responsabilidad?

*Cuál es la naturaleza de la responsabilidad de los defensores ¿Civil, penal, ambas?

*¿El juez de la causa puede estar sujeto a un procedimiento ante el Consejo de la Judicatura?

*¿Con fundamento en qué disposiciones?

*¿Cuál es la sanción que podría imponérsele al juzgador por su extrema ignorancia?

 
 
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