Erick Barragán, presidente para América Latina de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual de Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés), denunció que el cura Nicolás Aguilar Rivera, acusado de haber violado a más de 120 niños en México y Estados Unidos, fue visto en la Casa Alberione, un centro ubicado en Tlaquepaque, Jalisco, donde, según, la organización, se encubre a presbíteros pederastas y es dirigida por el obispo de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez.
Desde que los abusos de Nicolás Aguilar fueron dados a conocer hace más de una década, organizaciones como SNAP, activistas y medios de comunicación como esta casa editorial han dado cuenta de las actividades que el sacerdote pederasta ha tenido en diversas partes del territorio poblano y en otras localidades de la República Mexicana. Sin embargo, hasta el momento las autoridades estatales y federales no han podido o no han querido detenerlo.
No hay que olvidar que desde la década de los 80 hay investigaciones en contra del presbítero en la Procuraduría General de Justicia, y que la primera titular de esa dependencia en el sexenio que está por concluir, reveló la existencia de una orden de aprehensión en su contra desde 2006, pero es la hora que ese mandato judicial no ha sido aplicado por razones que hasta ahora no sólo resultan poco convincentes, sino que son interpretadas por las víctimas y la opinión pública como meros pretextos.
Ahora se sabe de otro caso de presunto ultraje infantil a manos de otro cura de la Diócesis de Tehuacán, pero la confianza que hay en las investigaciones en este caso y en el de Nicolás Aguilar son prácticamente nulas.
Lo hecho hasta ahora por las autoridades de todos los niveles de gobierno hace que cada vez se sustente con mayor fuerza la hipótesis de que desde el poder político se brinda impunidad para los violadores que sirven a la iglesia.
