Una muestra de los abusos, la corrupción y la impunidad que a diario se viven en el Poder Judicial es lo que ha ocurrido con Carlos Barrientos Merino, el juez de mixto de Libres, que ha tenido más de 24 horas encarcelado a un hombre por un delito que ya prescribió, pero que además le giró una orden de aprehensión con otro nombre.
Ayer al mediodía el abogado defensor de la víctima presentó, en la agencia del Ministerio Público de Libres, una denuncia penal por los delitos de abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad contra el juez Barrientos Merino, además de promover un amparo contra la determinación de tener encarcelado a un hombre llamado Daniel Guzmán González, pese a que ya no hay elementos para ser procesado.
La historia del caso es la siguiente:
El señor Daniel Guzmán González fue acusado del delito de fraude menor, por el cual tendría derecho a una fianza en caso de ser detenido, ya que la ley marca que dicho ilícito recibe una pena de hasta dos años de prisión, pero además establece que si no es denunciado en un periodo máximo de dos años, el acto delictivo prescribe y no puede ser juzgado.
En el caso de Daniel Guzmán cuando fue denunciado el delito ya había prescrito. Es decir, ya pasaron más de dos años de que se cometió el ilícito del que se le acusa y del que no está probado que lo haya cometido.
Pese a existir esa condición, el miércoles a las 15 horas esta persona fue detenida, y lo grave de este asunto es que la orden de aprehensión dice otro nombre, ya que ahí se indica que el responsable del delito es “Daniel Guzmán Hernández”, cuando el segundo apellido de la persona en cuestión es González. Por este pequeño detalle no podía proceder dicho recurso legal.
Cuando el señor Daniel Guzmán rindió su primera declaración ante el juez, su abogado se presentó y le comunicó de manera verbal al funcionario del Poder Judicial que no tenía facultad para encarcelar a su cliente por tener derecho a fianza, porque el delito ya prescribió y porque la orden de aprehensión en términos reales está girada contra otra persona, por no coincidir con el nombre oficial del detenido.
El juez simplemente no oyó los alegatos y dejó en la cárcel a Daniel Guzmán, que cuando este tecleador escribía el presente texto seguía privado de su libertad, en un periodo que ya había rebasado las 24 horas.
Frente estas actitudes uno entiende por qué las cárceles están llenas de inocentes y los verdaderos delincuentes siguen desestabilizando al país.
Promete Lázaro Jiménez que no dará concesiones sobre la autopista México–Puebla
Hace dos semanas en esta columna se denunció que el subsecretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Lázaro Jiménez Aquino, tiene preparado un dictamen para entregar unas 40 concesiones de transporte sub–urbano sobre la autopista México–Puebla, entre los tramos de San Miguel Xoxtla y la capital, pese a que no tiene facultades para ello, por tratarse de una vía de comunicación federal.
Y también se dijo que la estrategia consistía en entregar las concesiones en los últimos días de diciembre para heredarle al nuevo gobierno el conflicto y buscar bajo la presión de los transportistas beneficiados, que quedaran vigentes dichos permisos en el siguiente sexenio.
Al respecto, Lázaro Jiménez envió la siguiente carta:
“Con relación a la información publicada en su columna “Cuitlatlán”, el pasado lunes 22 del presente mes: “La SCT dará albazo: entregará concesiones sobre la autopista México–Puebla”, me permito hacer las siguientes precisiones:”
“1. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes no otorgará ninguna concesión para que alguna ruta cubra el servicio de transporte público de la ciudad de Puebla hacia el municipio de Xoxtla, pasando por la autopista México–Puebla.”
“2. Compete a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal, a través de su delegación en el estado de Puebla, dar permisos para que se preste el servicio de transporte en zonas federales, como es el caso del tramo carretero federal antes citado.”
“3. Ha habido solicitudes de organizaciones transportistas para brindar servicio en esta zona, pero de acuerdo a la ley, esto resulta improcedente, si no cuenta con el permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal; por lo que de ninguna manera se abordará este tema durante esta administración.”
Atentamente
Lic. Lázaro C. Jiménez Aquino
Respuesta
Sobre la misiva de Jiménez es necesario decir lo siguiente:
1. Este columnista verificó la información que difundió el 22 de noviembre y se encontró que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal, antes de que saliera la columna en cuestión, le mandó un oficio a la SCT estatal advirtiéndole que no podía otorgar las concesiones en cuestión, lo cual demuestra que si había la intención de entregar esos permisos.
2. En la misma publicación presenté documentos oficiales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes estatal que demuestran que Lázaro Jiménez, desde hace cinco años, ha tenido abierto el expediente de posible otorgamiento de dichas concesiones. ¿Por qué si no son procedentes esas concesiones, por qué no se cierre el expediente? Es una contestación que no ofrece el subsecretario.
3. Qué bueno que Jiménez Aquino dice que no violará la ley; ojalá que mantenga firme esa promesa hasta que concluya el sexenio.
